En caso de que resultara responsable de falsificar documentos, el empresario ya no sería procesado por ello, aclaran.
SUN-AEE
MÉXICO, DF.- El delito de falsificación de documentos en que presuntamente incurrió el empresario Carlos Ahumada para obtener, en la década de los 80, dos pasaportes mexicanos sin contar todavía con la nacionalidad mexicana, ya prescribió, de acuerdo con los primeros análisis que ha realizado la Procuraduría General de la República (PGR).
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó una denuncia de hechos ante la PGR porque al revisar los expedientes del empresario detenido en Cuba detectó que obtuvo dos pasaportes mexicanos, en diciembre de 1980 y marzo de 1984, con un acta de nacimiento presuntamente falsa.
Pero de entrada, en la PGR detectaron que en caso de existir algún delito éste ya prescribió, pues en el caso de la falsificación de documentos públicos el delito prescribe seis años después de que se cometió.
De ahí que aun cuando en la PGR mantiene abierta la averiguación previa que inició la delegación metropolitana de la institución, que se ubica en el Distrito Federal, de antemano se espera que el resultado sea negativo.
Y es que por mero procedimiento, la Procuraduría primero tiene que determinar si el empresario de origen argentino Carlos Ahumada incurrió en el delito de falsificación de documentos públicos, para posteriormente, si concluye que es responsable de dicho ilícito, determinar si ya prescribió o no.
Y todo indica que el empresario sí utilizó un acta falsa presuntamente expedida en Saltillo, Coahuila, pero ya no se podrá ejercitar acción penal en su contra por este delito, pues ya prescribió.
De acuerdo con el artículo 243 del Código Penal Federal, “el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ochos años y de 200 a 360 días multa”.
Para calcular el período en el que prescribe el delito de falsificación de documentos públicos se suman la pena mínima y la máxima que puede recibir, es decir, cuatro y ocho años, y el resultado se divide entre dos, lo cual da un resultado de seis años. Y este es el período en el que prescribe dicho delito conforme a los criterios legales vigentes.
Y es claro que desde el momento en que presuntamente cometió el delito hasta la fecha en que lo denunció la SRE, ya pasaron más de seis años.
Desde el primero de abril pasado, la coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Sandra Hernández, reportó que “lo que se detectó en los archivos de la Dirección General de Delegaciones, concretamente en los archivos de pasaportes, fue que efectivamente el señor Carlos Ahumada tramitó y obtuvo un pasaporte mexicano en los años de 1982 y 1984, exhibiendo para tal efecto una supuesta acta de nacimiento expedida en Saltillo, Coahuila”.
Posteriormente, el 29 de enero de 1991, la SRE le concedió la nacionalidad mexicana por naturalización debido a que Carlos Ahumada se casó con una mexicana por nacimiento.
Hernández explicó en su momento que “dado que el señor Carlos Ahumada gestionó y obtuvo pasaportes mexicanos con anterioridad al haber obtenido la nacionalidad mexicana por naturalización, habiendo exhibido un acta de nacimiento que en principio se presume apócrifa, es que la Cancillería ha tomado la decisión de denunciar los hechos ante el Ministerio Público de la Federación a efecto de que se inicie la investigación que conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades que al respecto sean necesarias”.
Pero aclaró que “es muy importante mencionar que tanto el procedimiento de extradición (que se le inició a Ahumada) como las irregularidades detectadas para la obtención de pasaportes mexicanos y, por otro lado, la naturalización mexicana que gestionó y se autorizó conforme a derecho, son tres situaciones completamente diferentes y que no se relacionan o pudieran tener efectos una sobre otra”.
Es decir, que el hecho de que Ahumada haya usado un acta de nacimiento falsa para obtener pasaportes legales en la década de los 80 no afecta ni anula su posterior naturalización como mexicano.
Bejarano promete pruebas.
El diputado local con licencia René Bejarano consideró la posibilidad de que perredistas, por intereses políticos y económicos, hayan participado en el “complot” armado sobre los “videoescándalos”.
A unas horas de dar a conocer el video en el que, dijo, demostrará la participación del directivo de Televisa, Bernardo Gómez, en la manipulación del video transmitido el tres de marzo y su relación con el dueño de Grupo Quart, también reveló vínculos de perredistas en el caso.
Conocida la intervención de Gómez para que Ahumada adquiriera la deuda que, durante la gestión de Rosario Robles, el PRD adquirió con la televisora, surgen nuevas preguntas, aseguró.
“Hoy se sabe que la secretaria de Ahumada le llevó a Rosario, la madrugada del día tres una maleta con salsas picantes y galletas para el viaje que iba a hacer a Cuba.
“Entonces fue mentira, preguntó yo, que Rosario después de ver los videos se trastornó y se fue a Cuba a pasear, porque no quería ver más ¿Conocía el video antes y sabía lo que iba a pasar?”
-¿En la trampa que dices te tendieron, participaron perredistas?
“Sí, sin duda, es muy probable”.
-¿Se conocerán los nombres de quienes en el PRD te pretenden convertir en el chivo expiatorio?
“Yo pienso que sí, en los últimos 40 días se ha podido conocer quienes sí nombraron funcionarios cercanos a Ahumada, quienes autorizaron obras, quienes sí mantuvieron y mantienen con este grupo relaciones económicas y políticas.
“Quienes sí cambiaron de forma de vida, compraron bienes o enriquecieron sus cuentas bancarias de manera inexplicable y que les urge que yo cargue con toda la responsabilidad”.
-¿Quiénes?
“Varios y de varios partidos, del PAN, del PRI, del PRD, del Gobierno Federal y de Televisa”.
-¿Se cimbrará otra vez el PRD?
“Pero es mejor que se sepa la verdad. Algunos dirigentes del PRD saben que sus corrientes, sus equipos, sus líderes van a estar involucrados.
