López Obrador solicitará una audiencia con el presidente Vicente Fox para presentarle los documentos.
15 de abril de 2004.
México, (Ntx).- El político con mayores posibilidades de ser el próximo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó hoy "pruebas" de una conspiración entre los gobiernos de su país y de EEUU para derrumbar su carrera política.
En una conferencia de prensa que inició dos horas después de lo acostumbrado, el titular del Ejecutivo local hizo un recuento cronológico de nueve puntos en los que describió la manera en la que supuestamente algunas dependencias del gobierno mexicano obtuvieron información sobre las operaciones financieras de su ex secretario de Finanzas prófugo, Gustavo Ponce.
Aseguró que en este caso hubo una cooperación de los gobiernos de Estados Unidos y México, en el marco del Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información, respecto a las transacciones efectuadas a través de instituciones financieras para combatir actividades ilícitas.
Según los documentos que presentó López Obrador, la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones, dependiente de la subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habría solicitado el pasado 18 de febrero a la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por su siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, datos sobre Gustavo Ponce Meléndez y su esposa Esperanza González Ocampo.
Dijo que ese mismo 18 de febrero, la dependencia pidió también a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información de ambas personas.
Un día después, añadió, el 19 de febrero, Ponce Meléndez viajó a Las Vegas, y el 20 de febrero lo hizo Carlos Ahumada; la grabación de Gustavo Pone en casinos del hotel Bellagio inició ese mismo día y concluyó el 22 del mismo mes.
De acuerdo con el jefe de gobierno capitalino, el 25 de febrero la Secretaría de Hacienda habría recibido respuesta del Fincen; de donde se desprenden los hechos que se dieron a conocer por la televisión el 1 de marzo.
En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habría enviado los datos requeridos los días 23, 25 y 27 de febrero.
Según López Obrador todos estos movimientos demuestran que la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República (PGR) sabían de las presuntas actividades ilícitas de Gustavo Ponce antes de que se difundiera el video, pero no actuaron.
El político tabasqueño dijo que teme por la seguridad de Ponce Meléndez pues supone que las autoridades federales lo pueden tener preso, y destacó que a pesar del escándalo de corrupción en el que está involucrado cuenta con el apoyo del gobierno capitalino.
De todas estas presuntas pruebas se desprende también que las dependencias federales no comunicaron al gobierno de la Ciudad sobre lo que se llevaba a cabo para que procediera legalmente contra el funcionario. No actuaron en forma institucional, indicó.
López Obrador agregó que las dependencias involucradas en estos hechos violaron el artículo V del acuerdo de cooperación entre México y Estados Unidos que establece: "Toda la información obtenida de conformidad con el presente acuerdo sólo se utilizará... con el objeto establecido en la solicitud de asistencia.
Esta información no podrá ser distribuida, revelada o transmitida en forma distinta a la señalada en la solicitud original de asistencia, sin la autorización previa, y por escrito de la parte requerida o de su representante designado salvo que dicha información haya sido revelada públicamente en el curso de un procedimiento judicial o administrativo".
El jefe de gobierno capitalino exculpó a los medios de comunicación de cualquier responsabilidad en estos hechos pues dijo que ellos son libres de encontrar y difundir la noticia y no tienen la obligación de revelar sus fuentes.
Consideró que presentación del video de Gustavo Ponce en Las Vegas no tenía realmente el propósito de combatir un presunto ilícito de corrupción sino afectar políticamente al gobierno de la ciudad.
Aseguró que la denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda el 4 de marzo pasado por lavado de dinero en contra de Ponce se levantó para tratar de justificar la utilización del aparato de Estado en una acción, dijo, a todas luces facciosa.
El jefe de gobierno capitalino consideró que de todos estos hechos ni el presidente Vicente Fox, ni el secretario de Gobernación, Santiago Creel tenían conocimiento, pero no así los titulares de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha.
Indicó que hoy pedirá una audiencia con el jefe del Ejecutivo federal para aportarle los elementos de prueba y solicitarle su intervención.
Reveló que la información que hoy presentó la obtuvo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la cual se la hizo llegar ayer, pero no precisó quién o quiénes aportaron las presuntas pruebas.
