AGENCIAS
PARÍS, FRANCIA.- El ex presidente de Haití Jean-Bertrand Aristide presentó una denuncia en Francia por secuestro y amenazas de muerte, informaron ayer fuentes judiciales.
La demanda, presentada por el abogado francés de Aristide, Gilbert Collard, va dirigida contra desconocido por “amenazas de muerte, rapto y secuestro” y establece que el ex Presidente haitiano se constituya como parte civil.
En el documento, Aristide denuncia el papel desarrollado por el embajador francés en Puerto Príncipe, la capital haitiana, Thierry Burkard y su homólogo estadounidense, James Foley, para forzar su salida de Haití.
El ex Mandatario haitiano incluyó en la demanda al escritor Regis Debray y a la hermana del canciller francés Dominique de Villepin, Véronique Albanel. Aristide abandonó su país el 29 de febrero pasado en medio de una severa crisis social, según el ex Presidente haitiano, por la presión ejercida por Francia y Estados Unidos.
La crisis en la ex colonia francesa se agudizó el cinco de febrero pasado, cuando grupos armados se lanzaron a las calles para exigir la renuncia del Mandatario haitiano en una revuelta popular que dejó casi un centenar de muertos.
El canciller francés se defendió diciendo que Aristide presentó su dimisión formalmente, en contra de lo que el ex Mandatario y sus abogados declararon.
Aristide mantiene que “militares armados le obligaron a marcharse”, lo que no es “constitucional”, según sus abogados.
Por el momento y desde que salió de su país, el ex Presidente haitiano se encuentra en Bangui, República Centroafricana.
Desde allí, el ex Mandatario conduce una campaña contra Francia y Estados Unidos mediante sus abogados, que estudian poner una denuncia similar a la francesa ante una corte estadounidense.
Aristide considera que sigue siendo presidente de su país y asegura que fue secuestrado por Estados Unidos con la complicidad de Francia, algo que tanto Washington como París desmintieron.
Aunque se comentó que el ex Presidente haitiano pediría asilo político en Sudáfrica, un vocero del Gobierno lo desmintió el pasado 25 de marzo al agregar que “aún no se ha decidido cuál será su destino”.
