El PRI presentó una iniciativa de Ley que establece sanciones a las empresas que transfieren remesas y a las casas de cambio que no respeten la normatividad.
21 de septiembre 2004.
México, (Notimex).- La fracción del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para regular las remesas de dinero, la cual plantea frenar abusos de empresas, casas de cambio y proteger los envíos de mexicanos que radican en Estados Unidos, los cuales el año pasado ascendieron a 14 mil millones de dólares.
En la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Martínez Rivera, entregó la iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis.
El proyecto de ley que contiene 49 artículos, establece sanciones a las empresas que transfieren remesas y a las casas de cambio que no respeten la normatividad que van de los 500 a los 10 mil salarios mínimos, así como la revocación del permiso para operar.
Además, contiene "candados" para evitar que el envío de remesas de Estados Unidos a México sea utilizado para el lavado de dinero o el financiamiento de acciones de terrorismo u otras de naturaleza análoga.
"Los usuarios que hagan efectivas las remesas de dinero en territorio nacional no pagarán por esa operación ningún tipo de contribución estatal ni impuesto de carácter federal. Las operaciones de remesas de dinero se encontrarán libres de cualquier gravamen, siempre y cuando la operación no exceda de diez mil Udis", expone.
Para evitar los abusos y la discrecionalidad en el pago del tipo de cambio peso-dólar, se establece que será el Banco México el que publique todos los días dicha cotización.
Cuando entre vigor esta ley las empresas dedicadas al envío de remesas deberán hacer públicos los montos máximos y mínimos en el cobro del servicio y no podrán ofrecer productos o servicios adicionales con la finalidad de aumentar la comisión o disminuir el pago.
La iniciativa señala que el Gobierno Federal establecerá los mecanismos para que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se apoyen las iniciativas de migrantes nacionales residentes en el exterior o en México para proyectos de desarrollo económico y regional.
El esquema para estos proyectos que se plantea es que el monto máximo de la aportación del gobierno federal es de 25 por ciento, que será complementado por aportaciones de los migrantes nacionales con 25 por ciento y de los gobiernos estatales 25 por ciento e igual porcentaje los municipales.
