Acusan diputados del PRD a Jorge Serrano Limón por presunto delito de peculado
AGENCIAS
MÉXICO, DF.- Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una denuncia penal en contra de Jorge Serrano Limón, representante legal del Comité Nacional Provida, por el presunto delito de peculado, ante la Procuraduría General de la República (PGR).
A través de esta denuncia, los legisladores perredistas buscan que el comité devuelva cerca de cien millones de pesos que presuntamente fueron utilizados de manera irregular y desviados de programas de apoyo a la mujer.
En entrevista la diputada del izquierdista PRD, Malú Micher, informó que acudió con sus compañeros de partido, Alfonso Ramírez e Inti Muñoz, a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar al funcionario por el mal manejo de recursos públicos.
La denuncia penal, que también es apoyada por los legisladores Omar Ortega y Francisco Saucedo, es extensiva a la vicepresidenta de la Asociación Civil, Rocío Gálvez, por la supuesta complicidad en el delito.
En una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) al ejercicio de presupuesto de 2003 se detectaron facturas alteradas por Provida y justificantes de gastos excesivos en publicidad a través de una agencia cuyo número telefónico coincide con el de la sede de la asociación civil.
El pasado julio el activista y representante máximo de Provida, Serrano Limón, admitió haber cometido “errores administrativos” al justificar un gasto de 30 millones de pesos, pero rechazó haber desviado o malversado los fondos.
Sin embargo la prensa local informó de que se presentaron facturas por la compra de tangas y ropa interior que no tenían nada que ver con la labor que realiza Provida, que es en contra del aborto. Serrano Limón se defendió entonces señalado que la lencería era parte de la ayuda que entrega su organización a “mujeres muy pobres”.
Para la diputada Malú Micher existen documentos que evidencian compras improcedentes con fondos públicos de ropa interior y artículos de caballero, así como equipos médicos al doble de su precio en el mercado, pagos millonarios a un supuesto salón de fiestas y adquisiciones de objetos suntuosos.
Aunque ninguno de los dos presuntos inculpados es funcionario público -ya que Provida es una asociación civil-, Micher considera que ambos pueden ser sometidos a un proceso legal debido a que el Código Penal Federal tipifica como delito de peculado la desviación de recursos públicos.
Agregó que el próximo martes los diputados ratificarán la denuncia y presentarán las pruebas, que básicamente se tratan de facturas de dudosa procedencia o que demuestran adquisiciones que en nada se relacionan con el fin de Provida.
La legisladora anticipó además que la próxima semana el grupo interpondrá otra denuncia por estos mismos hechos contra el actual director del Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), Luis Pazos, por violaciones a la Constitución y desvío de recursos públicos.
Pazos, ex diputado del gubernamental Partido de Acción Nacional (PAN), el partido del presidente Vicente Fox, presidió la comisión de presupuesto de la Cámara Baja en 2002 y, por decisión propia, pidió al ministerio de Salud recortar 30 millones de pesos (2.6 millones de dólares) presupuestados para el programa de salud VIH-Sida y destinarlos a Provida.
Los demandantes consideran que Pazos actuó “de manera unilateral e ilegal” al solicitar la transferencia de fondos para un fin contrario al que se habían liberado.
Por ello señalan que incurrió en violaciones graves a la Constitución mexicana y a otras leyes federales por las que hay abierto un juicio político en su contra la Cámara de Diputados.
