EL SIGLO DE TORREÓN
Pretenden defender intereses jurídicos y económicos de Gómez Palacio.
GÓMEZ PALACIO, DGO.- El Municipio presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, en defensa de los intereses jurídicos y económicos del Municipio.
El punto de acuerdo fue presentado por la alcaldesa, Leticia Herrera de Lozano, durante la sesión ordinaria de Cabildo y aprobada por unanimidad por los regidores de las tres fracciones políticas que lo conforman.
Además se aprobó a la Alcaldesa para que delegara en el tesorero municipal, Carlos García González, la representación jurídica del Ayuntamiento de Gómez Palacio e interponga en nombre del Municipio la controversia constitucional, de conformidad con los artículos 27, inciso A), fracción IX, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango.
El fisco federal para su ejercicio del año 2004 en su Ley de Ingresos, tiene contemplado destinar el producto obtenido de los causantes menores a un convenio especial entre la Federación y Estado, afectando con ello al municipio de Gómez Palacio.
Al marginar esos ingresos a nivel federal, indudablemente que el Fondo General de Participaciones se verá afectado en el momento de excluir dicha partida al gran total a repartir entre los Estados (el 20 por ciento) y municipios (el 20 por ciento de ese 20 por ciento).
Lo anterior se considera como una medida que rompe el acuerdo básico del Convenio de Coordina-ción Nacional Hacendaria, debilitando aún más el ingreso monetario del Ayuntamiento.
Según se informó durante la sesión de Cabildo, la controversia constitucional se presentará en virtud de que se presume se causan perjuicios al Municipio de Gómez Palacio, toda vez que repercute en el Fondo General de Participaciones, del cual recibe un porcentaje a través del Estado de Durango, de conformidad con los artículos primero, segundo y sexto de la Ley de Coordinación Fiscal y las cláusulas segunda y tercera del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado en Durango.
En ese sentido el Ayuntamiento consideró conveniente interponer el juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de defender los intereses jurídicos y económicos del Municipio.
Amenaza
A raíz de las nuevas reglas fiscales de 2004, el Municipio ve amenazadas sus finanzas por el cambio en el sistema de reparto de las participaciones federales, según informa Rogelio Sada Salinas, subtesorero municipal del Ayuntamiento.
El funcionario explica que cuando dejaron de existir los impuestos mercantiles en la década de los ochentas, los Estados y municipios perdieron una serie de gravámenes que realizaban directamente en su entidad, posteriormente se celebra el pacto hacendario y el Gobierno ordena abstenerse de cobrar ciertos rubros y a cambio se compromete a entregar una participación.
“El sistema de participaciones se venía dando de todo lo que se juntaba en un gran pastel como lo llama la Federación, donde se acumulaban los ingresos mercantiles, Impuesto Sobre la Renta, entre otros impuestos que regula la Federación y sobre eso comparte a los Estados y municipios de manera etiquetada”.
Con el artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, el Gobierno pretende crear convenios con los Estados y dejar los importes para otros destinos donde ya no llegaría directamente la participación a los municipios.
La base del reparto donde se acumulan esos ingresos se verá mermada a la hora de celebrar pactos con cada Estado, de tal manera que la base sobre la cual se repartirá al Municipio será inferior a lo que se logra en la actualidad, según considera el funcionario.
Rogelio Sada Salinas explica que la controversia constitucional es consecuencia del desacuerdo con la nueva manera de distribuir los recursos, “por eso enteramos al Poder Judicial de nuestra inconformidad porque el Municipio debe figurar con algún porcentaje dentro del juego del reparto. Queremos una mejor distribución de los recursos o en su defecto que se respete la pactada desde tiempo atrás”.
A más tardar pasado mañana la controversia constitucional será presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el funcionario desconoce en cuánto tiempo el Ayuntamiento recibirá una respuesta del Poder Judicial.
Se le confiere esta responsabilidad al tesorero municipal, Carlos García González, porque es el encargado de las finanzas municipales y quien puede seguir el procedimiento por sus facultades ordinarias.
