Francisco Ramírez Morán presentará la quinta denuncia en contra de López Obrador, esta vez por la expropiación de unos terrenos por parte del gobierno capitalino
14 de julio de 2004
MEXICO, D.F., (SUN-AEE).- Francisco Ramírez Morán, quien desde hace 19 años espera la indemnización de su terreno que fue expropiado por el gobierno del Distrito Federal, presentará en los próximos días una denuncia penal en contra de Andrés Manuel López Obrador ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Desesperado, dijo que ha solicitado 11 veces a distintas autoridades de la administración capitalina, por escrito y en forma personal, que den cumplimiento a la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de un largo proceso legal.
Sin embargo, señaló que lo único que ha obtenido es la indiferencia, por lo que el 30 de junio pasado envió un nuevo oficio al jefe de gobierno del Distrito Federal para explicarle su caso y la actitud de sus subalternos.
Ramírez Morán relató que él y su hermana heredaron tres edificios ubicados en las calles de Peluqueros 8 y 32 y Alfarería 33, colonias Morelos y Emilio Carranza, en la delegación Venustiano Carranza.
Pero el 10 y 18 de octubre de 1985 fueron expropiados por el gobierno capitalino y a Ramírez Morán no le pagaron nada. "Nunca me notificaron. Tiraron los edificios y construyeron unos nuevos que después vendieron a particulares", recuerda.
Incluso, Jorge Ramiro Denegre Vaught, quien es abogado del afectado, rememoró que durante la administración de Oscar Espinosa Villarreal se emitió un acuerdo para que le pagaran, pero por los largos trámites burocráticos no se concretó.
"En la época de Rosario Robles se le hace de su conocimiento este acuerdo, pero ella en su carácter de jefa de gobierno emite diversas resoluciones que dejaba sin efecto los acuerdos previos y la orden de una sentencia, por lo que nos amparamos y las autoridades concluyeron que era legal el reclamo de Ramírez Morán", señaló.
No obstante, dijo que el cambio de gobierno nuevamente paralizó los trámites y fue hasta enero del 2002 cuando López Obrador se le dio a conocer el caso.
Desde entonces, comentó que ha solicitado a diversas instancias el pago de la indemnización de la expropiación, calculada actualmente en 70 millones de pesos. Pero, insistió, no tiene ninguna respuesta.
De realizarse esta denuncia sería la quinta que se presentara en contra de López Obrador ante la PGR. La primera fue por el caso El Encino y las otras tres de índole laboral.
López Obrador, continuó el abogado, giró instrucciones a la Dirección Jurídica para que dentro de sus facultades siga el trámite correspondiente; sin embargo, la directora del despacho, Ernestina Godoy; la Subdirección de Trámites de Inmuebles del GDF, a cargo de Julio César Ortiz Zenón; y la jefatura de Expropiaciones del GDF, al frente de Irwing Espinosa Betanzo, manifestaron al despacho de abogados que el órgano de gobierno "no tiene dinero para realizar un avalúo".
