“El más delicioso de todos los privilegios: gastar el dinero de otra gente”.
John Randolph
La experiencia me dice que cuando escribo del presupuesto o de la Ley de Ingresos pierdo en automático a la mitad de mis lectores. No es éste un tema sexy. Y, sin embargo, no hay asunto más importante para la sociedad que saber cómo propone el Gobierno obtener su dinero y cómo piensa gastarlo.
La iniciativa presidencial presentada este ocho de septiembre propone reducir los gastos del sector público en un 4.6 por ciento real: de 1.737 billones del cierre esperado de 2004 a 1.724 billones de pesos en 2005. Esta reducción se hace necesaria debido a la previsión de una disminución de 4.1 por ciento de los ingresos, en buena medida consecuencia de que se espera una baja en los precios internacionales del petróleo.
A pesar de la disminución en el proyecto general de presupuesto, se propone una ligera elevación en el gasto social, de 0.6 por ciento y una más sustancial en el de salud, 5.8 por ciento y en el de orden, seguridad y justicia, también de 5.8 por ciento. El déficit formal del presupuesto se reduce de 0.3 por ciento a 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La cifra parece muy pequeña presentada así, como porcentaje del PIB. Pero significa que, a pesar de todos los esfuerzos, el Gobierno Federal está adquiriendo nueva deuda. De hecho, el endeudamiento neto y el diferimiento de pagos propuestos para 2005 suman 31 mil millones de pesos, que es una cifra bastante alta.
Pero éste, infortunadamente, no es el déficit total. A la cifra formal hay que sumar las obligaciones del sector público que por razones legales no se incluyen en la contabilidad formal. Este es el caso, por ejemplo, de los Pidiregas o de la deuda del Fobaproa/IPAB. Cuando se añade todo se tienen los llamados “requerimientos financieros del sector público”, que se elevarán a 2.1 por ciento del PIB en 2005. Esto equivale, sin considerar los diferimientos de pagos, a 166 mil millones de pesos. Como seguramente muchos legisladores sentirán la tentación de hacer caravana con sombrero ajeno —esto es, de utilizar el dinero de los contribuyentes para hacer gastos que los ayuden políticamente— hay que subrayar que la necesidad de contratar nueva deuda pública por valor de 166 mil millones de pesos es muy preocupante.
No deja de ser curioso que los mismos políticos que año con año se quejan del pago de servicio de la deuda son los que exigen que el sector público tenga más déficit y por lo tanto, más deuda. ¿Cuánto habrá que pagar el año que viene en el servicio de la deuda pública? Casi 228 mil millones de pesos. Esto es 4.7 por ciento más que en 2004.
El monto es casi el doble de los 120 mil millones de pesos que se dedicarán al gasto programable en educación pública.
Quienquiera que piense que no cuesta nada incurrir en un déficit, tiene la respuesta en estos apabullantes números. De todo el sector público, el que mayor aumento de presupuesto de gasto recibirá en 2005, si el Congreso no hace cambios en la propuesta presidencial, es el de los ramos autónomos, o sea, el Legislativo, el Judicial, el IFE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El presupuesto conjunto de estas instituciones para 2005 tendrá un aumento de 24.2 por ciento sobre el nivel de 2004 si se aprueba la iniciativa sometida al Congreso. La razón es que cada uno de estos órganos prepara sus propios presupuestos y ninguno siente obligación de ajustarse a la austeridad que el Gobierno está aplicando en las áreas bajo su responsabilidad.
La Cámara de Diputados está pidiendo un incremento de 19.7 por ciento (se deben haber portado muy bien los diputados) y el Senado otro de 10.7 por ciento. El Poder Judicial de la Federación solicita el mayor de todos: 35.9 por ciento. El IFE está pidiendo uno de nueve por ciento y la Comisión de Derechos Humanos otro de 7.5 por ciento. Hay que recordar que estos son aumentos reales, es decir, una vez descontada la inflación.
El Gobierno está proponiendo un precio promedio del barril de exportación de 23 dólares. La cifra parece bastante conservadora, sobre todo si se piensa que el precio promedio este año ha sido hasta ahora de 29 dólares. Sólo que hay que recordar que la tendencia actual del precio es a la baja. Y si algo nos dice la experiencia es que es más sensato llegar a acuerdos previos para repartir los excedentes del petróleo si el precio es más alto que recortar el gasto, incluso en proyectos ya iniciados, si es más bajo.
Gasto e impuestos
Si los legisladores buscan aprobar gastos adicionales a los que propone la iniciativa de presupuesto de 2005, deben definir también de dónde sacarán el dinero para pagarlos. Es una irresponsabilidad querer repartir gasto sin asumir el costo de elevar los ingresos.
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