La discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2005 fue, para todo fin práctico, una calca de los procesos que han caracterizado la discusión de los temas económicos relevantes para México desde que entramos a nuestra nueva vida democrática.
Legislatura tras legislatura ha optado por la salida cómoda de oponerse a cuanta propuesta sensata de reforma tributaria ha llegado al recinto legislativo, mientras que los legisladores han sido muy magnánimos a la hora de repartir recursos y asignarlos dentro del presupuesto del sector público.
En esta ocasión los diputados fueron todavía más lejos, al no sólo modificar el destino de algunas partidas de gasto, sino hacerlo de tal forma que, según el Ejecutivo, es contraria a diversos ordenamientos legales e invade algunas de sus funciones y atribuciones. Esta controversia, como mencioné la semana pasada, muy probablemente se resolverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo que seguirá pendiente es corregir, o por lo menos acotar, la práctica de nuestros legisladores de aumentar el gasto sin proponer fuentes sanas y permanentes para su financiamiento.
La historia es cada año la misma. Los diputados quieren aumentar el gasto público y para ello proponen, invariablemente, números alegres en la recaudación de impuestos, un mayor déficit público y un precio más alto para el petróleo de exportación.
Revisando mis apuntes y columnas de otros años pude constatar que repetidamente los congresistas sugieren “resolver” el problema de los recursos elevando (por decreto o Ley) el supuesto del precio del petróleo. Esta actitud de los diputados es muy irresponsable, porque deja las finanzas públicas extremadamente vulnerables a los vaivenes del precio del petróleo.
El próximo año, salvo un evento terrorista extraordinario, es probable que disminuyan los precios del crudo. En efecto, en estos días en que nuestras autoridades se entretienen disputando el contenido del Presupuesto de 2005, los mercados internacionales del petróleo parecen que le quieren volver a hacer una mala jugada a nuestro país. Hace apenas unas cuantas semanas las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo se centraban sobre el precio promedio del petróleo de exportación. Los legisladores presionaron hasta conseguir que el precio de referencia se elevara de los 23 dólares propuestos por el Ejecutivo a 27 dólares, bajo el supuesto de que las cifras de la Secretaría de Hacienda eran muy conservadoras.
Esos recursos adicionales se destinaron, en su mayoría, hacia proyectos de inversión, pero sin duda también hicieron más laxo el reacomodo del gasto que actualmente enfrenta al gobierno con la Cámara de Diputados. El año todavía no termina y mientras se resuelve la disputa entre nuestras autoridades el precio del crudo ya se ubica ligeramente por debajo del supuesto hecho por los legisladores. Esto me recuerda lo que sucedió en diciembre de 1997, cuando en una situación similar el legislativo supuso un precio del petróleo que a la postre resultó muy superior a la realidad. De hecho, el Gobierno tuvo que realizar en 1998 varios ajustes al gasto para no trastocar el desempeño de nuestra economía.
En esta ocasión las perspectivas del precio del petróleo son más inciertas, ya que el ambiente sociopolítico internacional sigue muy tenso. En estos días, por ejemplo, hemos visto un ataque de militantes contra estaciones de extracción de crudo en Nigeria, trastornos en la producción en Noruega y el ataque contra el consulado estadounidense en la ciudad saudita de Jiddah. Aún así, sería demasiado irresponsable descartar que continúe la caída de la cotización del crudo, en particular durante los meses de marzo a junio, época donde bien podemos ver precios de la mezcla mexicana que se acerquen más a los 23 que a los 27 dólares que contempla el presupuesto.
Nuestros legisladores no parecen aprender la lección. Ellos insisten en “generar” ingresos elevando la estimación del precio del petróleo, conservando un régimen fiscal que compromete la viabilidad financiera de Pemex, y elevando el déficit público. Sus proyecciones sobre los precios del petróleo mexicano de exportación ya no parecen tan conservadoras, y menos cuando todo apunta a que la economía global pierda algo de dinamismo en 2005.
No es posible descartar, por tanto, que el precio de los hidrocarburos descienda el año próximo más de lo que contempla el presupuesto y, en un descuido, se ubique aún por debajo de los 23 dólares propuestos originalmente por el Ejecutivo. Cuando el mercado internacional del petróleo no coincide con la imaginación de los legisladores, como mencioné fue el caso en 1998, se tiene que reducir el gasto público, lo que ya advirtió el presidente pudiera volver a ocurrir en 2005.
Sólo que ahora los compromisos de gasto que la “generosidad” ilimitada del Congreso ha incluido en sucesivas reformas de ley y en el actual presupuesto, hacen que las finanzas públicas sean bastante más vulnerables a una caída del precio del crudo de lo que fueron en aquella ocasión. En estas condiciones se complicaría el manejo presupuestal del país en el futuro inmediato y hasta puede comprometerse nuestro equilibrio macroeconómico de mediano y largo plazo.
En consecuencia, urge que resolvamos nuestros retos más importantes en materia fiscal: Una reforma tributaria que amplíe la base de contribuyentes eliminando tratos preferentes y exenciones; así como una asignación del gasto que se apegue más a criterios de eficiencia y equidad económica que a los objetivos mezquinos de nuestros políticos. Lamentablemente, todo indica que estos cambios tendrán que esperar, si bien nos va, hasta la próxima administración.
