Las autoridades judiciales a nivel nacional pretenden homologar el delito de secuestro en las diferentes entidades del país, con la intención de que el delito se persiga y castigue bajo las mismas condiciones en cada estado, según lo dio a conocer Juan López Ramírez, subprocurador de Justicia.
El funcionario comentó que en el marco de la Quinta Reunión del Grupo de Planeación y Análisis estratégico para Combatir el Delito de Secuestro se estudió la posibilidad de modificar el tipo penal del delito, agravado, atenuado y el equiparado, con lo que se elevaría la pena hasta por 60 años.
Indicó que el evento se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, en donde se elaboró un documento con las aportaciones de los representantes de cada entidad, pero será hasta la siguiente Reunión Nacional de Procuradores en donde se desarrolle una propuesta final.
Juan López Ramírez comentó que éste es un proyecto que se someterá a la discusión, por lo que todavía puede sufrir varias modificaciones o agregados para complementarlo, pero, como se menciona, será a mediados de julio cuando se realice la junta de procuradores.
Remarcó que los procuradores de Justicia de cada estado tenían varios puntos por tratar todavía, puesto que se quedaron algunas cuestiones sin definir, pero lo que quedó plenamente acordado es que la pena mínima no sería menos de 15 años.
Explicó que el grado básico del ilícito consiste en la privación de la libertad de una persona con los siguientes objetivos: buscar obtener un beneficio económico para sí o un tercero; que la autoridad o un particular realice o deje de efectuar un acto; y se añade el que se altere la integridad física o mental del secuestrado o personas relacionadas con él.
En el caso del secuestro agravado las observaciones son mayores, y se propone que se califique de esta manera a quien plagie a un menor de 18 años o un mayor de 60, que tenga una discapacidad física o mental, que existan parentescos, que se cometa en contra de un servidor público o un ex funcionario, que se mutile a la víctima, que la víctima esté embarazada, así como que el secuestrado pierda la vida o algún familiar a consecuencia del delito.
Finalmente, en el caso de atenuado o equiparado se pretende encuadrar a todos aquellos que fungen como intermediarios sin la autorización de la familia, a quien difunda mensajes o presunciones de los secuestradores, quien asesore a la familia de no avisar a las autoridades o no dar la información correcta.
El funcionario comentó que el estado de Durango no es una entidad con un número elevado de casos de secuestro, pero se está trabajando con la intención de evitar que este delito crezca en la entidad y en toda la República.
Pocos casos de secuestros en los últimos años
Según la información que aparece en el informe del Programa Regional de Procuración de Justicia Zona Noroeste, Durango es el cuarto estado de los cinco que conforman el área con menos secuestros en los últimos años.
En el documento se menciona que Baja California Sur es el estado con menor cantidad de secuestros reportados desde el año 2000 hasta el 2002, tiempo en el que se basa la información concentrada por las procuradurías de Justicia de los estados.
Por su parte, Baja California Norte es la entidad federativa con la mayor incidencia de casos denunciados, pues en ese periodo se abrieron 80 averiguaciones por secuestro.
Numeralia: 34 secuestros en los últimos cuatro años.
