Indicios de alerta sobre eventos que pudieran configurar una premeditada estrategia de desestabilización política de los órganos electorales en Durango, en el contexto de los comicios constitucionales del 2004, que planteó ayer en la tribuna del Congreso el diputado priista José María Alcántar Franco, generó debate con sus homólogos panistas y petistas, con mutuas acusaciones sobre la responsabilidad de hechos que han provocado inquietud en los duranguenses.
En el pronunciamiento que hizo a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y que fue el detonante del debate, José María Alcántar señaló que existen actores en las campañas políticas que buscan construir presuntos triunfos electorales denostando o criticando sin razón y sin fundamento las acciones del Gobierno, o hasta de la propia autoridad electoral, ?confundiendo a la opinión pública y creando un efecto contrario al que se busca, pues en vez de generar participación, surge el abstencionismo ciudadano?.
?En las últimas semanas esta soberanía popular ha sido testigo más que de actos políticos o parlamentarios, de acciones partidistas que bajo la presunta salvaguarda del principio de legalidad desarrollan prácticas que más bien hacen sospechar sobre la existencia de una estrategia desestabilizadora del actual proceso electoral?.
Recordó el asunto relacionado con la ratificación de quienes integrarían la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública; ?a los medios de comunicación y a la opinión pública duranguense les quedó claro que hubo posturas que no sólo intentaban llevarnos a una extralimitación en nuestras funciones, sino que además agraviaron infundadamente a la comunidad universitaria?.
?Apenas la semana antepasada la misma postura partidista provocó un bochornoso acto en una reunión del Consejo Estatal Electoral, porque uno consejero del Poder Legislativo actuó en los debates de ese órgano colegiado más como representante de su partido que como de esta soberanía popular?.
?De este incidente, quien actuó indebidamente en el Consejo Estatal Electoral, lejos de rectificar sus errores, se empecina en reproducirlos pues su reacción ahora, según sus propias declaraciones, es solicitar juicio político para el Presidente de ese órgano deliberativo?.
?Podrá haber diferentes lecturas de lo que en estas últimas semanas ha pasado en este Congreso y en el Consejo Estatal Electoral, pero la lectura que los diputados priistas hacemos es que en los eventos brevemente comentados encontramos indicios de los que pudiera configurar una premeditada estrategia de desestabilización política de los órganos electorales?
Por ello, anunció que ante las ?sinrazones desestabilizadoras?, los diputados priistas ejercerán su derecho inherente de la mayoría, ?pues como lo hemos señalado en diferentes posicionamientos, no debe confundirse nuestra voluntad de ser tolerantes y de construir consensos, con una muestra de debilidad política o parlamentaria?
Dejó en claro que el grupo parlamentario del PRI continuará en ejercicio de su mayoría, ?en cada intento por socavar el Estado de Derecho, en cada acción que busque desligitimar el proceso electoral y debilitar a las autoridades?.
DÉCADAS
Violenta PRI legalidad
Los diputados de los partidos Acción Nacional y del Trabajo, Víctor Joel Martínez y Alfonso Mercado Chávez, respectivamente, descalificaron el posicionamiento de los priistas, al señalar que ahora se pretenden erigir como garantes de legalidad en el proceso electoral, cuando por 70 años la violentaron con toda clase de trapacerías electorales.
Les dijeron a los priistas que no debe asustarles que el Congreso del Estado asuma sus facultades de fiscalización, y que en el caso del Consejo Electoral, se exija que los integrantes dejen de manipular y actuar de manera tendenciosa con el marco legal.
