Son muchos los sectores que están de acuerdo en la necesidad de realizar una profunda reforma al sistema nacional de procuración e impartición de justicia. Sobre todo porque el actual, además de reportar notorias obsolescencias, se presta para que existan corruptelas, dañadas intenciones y errores que perjudican gravemente a quienes se ven inmiscuidos en ellos y por eso el ciudadano común no confía en la mayoría de los que desempeñan esas labores.
Sin embargo, el proyecto de reformas que está impulsando la presidencia de la República se ha visto seriamente cuestionado porque tal parecería que el mismo tiende a dar satisfacción a intereses extranjeros y no a colmar las aspiraciones nacionales, pues todo indica que a quienes lo elaboraron les interesa más homologar nuestros procedimientos judiciales con los existentes en Estados Unidos y Canadá que acabar con las deficiencias mencionadas.
Porque una cosa es dotar de autonomía a instancias como la Procuraduría General de la República o a la Agencia Federal de Investigación, quitarle al Presidente la facultad de nombrar al procurador y pasársela al Senado y la urgente necesidad de que se abran los procesos judiciales a fin de que la justicia se imparta de cara a la ciudadanía y otra muy distinta el que se pase de un sistema escrito a uno oral, adoptando modelos que nos son históricamente ajenos.
Los procedimientos orales tienen sus ventajas, pero son ajenos a nuestra tradición y los abogados mexicanos no están preparados para defender las causas de esa forma, pues en un elevado número de casos apenas si se pueden expresar por escrito y en las escuelas de Derecho no se instruye a los alumnos en argumentación jurídica, por lo que más importante que esos aspectos son los relativos a la apertura del sistema judicial a fin de que la ciudadanía tenga acceso directo al trabajo de las procuradurías y los juzgados, lo que le daría certeza y claridad a los procesos que en ellas se tramitan.
