Sin duda, la nueva oleada de descrédito que sufren los políticos mexicanos ha sido fundamentada en sus propios actos irregulares y en la divulgación de los mismos por los medios de comunicación. A las llamadas telefónicas, que distintos líderes políticos sostuvieron, incluidas las hechas para acordar e invadir la Cámara de Diputados, se suman otras igualmente detestables, en las que se incluyen personajes de los principales partidos; en diferentes actividades oscuras se involucran, inclusive, al Secretario de Gobernación de México, a dos gobernadores y a un ex Presidente de la República, entre otros.
Con ello, se reaviva la discusión sobre el tema del derecho a la información y el respeto a la privacidad, siendo evidente que el manejo público de las llamadas telefónicas requirieron de graves violaciones a la intimidad de las personas, que fueron expuestas y sometidas a juicio popular sin evidencias claras.
El principio aplicado a la libertad de expresión: “Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía para que usted pudiera decirlo”, se refiere a la posibilidad de expresar nuestro creer y pensar sin represión o limitación alguna.
La duda surge cuando en aras de esa libertad de expresión y la exigencia de que la información se divulgue, lleva de por medio la violación a la privacidad de las personas. ¿Hasta dónde está el derecho a la intimidad de esos políticos que fueron exhibidos por los medios de comunicación masiva? o ¿hasta dónde llega nuestro derecho a saber qué hacen y cómo administran el poder que se les entregó?
Fernando Escalante Gonzalbo, investigador del Colegio de México, ha escrito un interesante folleto que trata sobre el “Derecho a la Privacidad”, publicado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública; en él, diserta brillantemente sobre el tema.
Es evidente que la libertad y la privacidad son bienes individuales, de los llamados derechos de la sociedad moderna; nadie discute que lo que hagamos o dejemos de hacer en el ámbito de lo privado debe ser protegido. Al interior de la familia, discutir, actuar, decidir, tomar posturas ideológicas en temas de política, religión y hasta deportes es inalienable. El privilegio y responsabilidad de formar a los hijos, conforme a nuestras propias creencias, es a todas luces intocable.
También se incluyen otras actividades humanas que se realizan fuera del denominado orden público, tales como las conversaciones telefónicas, los comunicados por correo tradicional o por Internet y hasta los comentarios hechos a otras personas a título personal, sin olvidar el derecho a reunirse para intercambiar ideas, no debiendo importar el tema o postura ideológica de las mismas.
El derecho se pierde cuando lo que se trata es de importancia pública, como los casos en que se apela a la llamada “Seguridad Nacional”, aunque es claro que ese término se utiliza a la conveniencia del Estado o grupos minoritarios que atienden intereses particulares.
Las llamadas telefónicas que desataron la pública reprobación o los videos editados, presentan diálogos que por parciales no dejan ver u oír claramente las posturas; en consecuencia, es injusto establecer criterios firmes respecto de ellos; sin embargo dañan. Nadie duda que se referían a la concertación de actividades de política desleal, porque no podemos eludir el ambiente anormal en que se desarrollan las tramas y sus temas; tampoco podemos dejar de reprobar la invasión a la privacidad, violando un derecho individual.
Si ponerse de acuerdo para cometer actos de vandalismo es incorrecto, sin duda que invadir la privacidad de esas personas fue un acto de delincuencia organizada, premeditada y alevosa, cometida por opositores aún no identificados, aun cuando el partido en cuestión acuse abiertamente al Secretario de Gobernación y a su grupo de colaboradores del Cisen, de quienes se asegura, cuentan con un sofisticado equipo de espionaje electrónico que se utiliza para violar la Ley en aras de la “seguridad nacional”.
Como escribe el maestro Escalante Gonzalbo: “Privado no quiere decir secreto, público no quiere decir abierto de modo inmediato e indiscriminado... lo privado debe estar más o menos protegido, a salvo de cualquier intromisión, mientras que lo público debe ser visible, transparente en la práctica”.
La violación a los derechos individuales de los políticos reaviva la discusión y vuelve a poner en duda la línea divisoria entre lo público y lo privado, tema que, por ejemplo, se ha tratado hasta el desgaste en el caso de la Banca Nacional y sus manejos, especialmente con los delitos de los llamados “ladrones de cuello blanco”. ¿Dónde termina la confidencialidad de la banca y la privacidad de los mexicanos que la administran? El diálogo es para alargarse sin fin, más cuando tomamos en cuenta el dato revelador de que hasta el 85 por ciento de los activos bancarios pertenecen a los propios ahorradores. Con ese dato le rehago la pregunta: ¿Hasta dónde tenemos el derecho de saber qué hacen con nuestro dinero?; o ¿hasta qué punto es legal y moralmente correcto mantener oculta la información de los negocios que administran lo nuestro?
Queda en evidencia que no es permitido utilizar los medios de telecomunicación electrónica para invadir los espacios de intimidad de las personas; las llamadas telefónicas son, por definición, actividades privadas que deben ser protegidas por el propio Estado mexicano. En el caso, no se cumplió con la alta responsabilidad encomendada. De ahí se desprende la gravedad de las acusaciones hechas al Gobierno Federal; si es verdad lo que aseveran los expuestos públicamente, deberemos asegurar que se cumpla el ofrecimiento de nuestro sistema político y se garantice la libertad y la privacidad; en el caso, al no poder hacer otra cosa, se descubra y se castigue severamente a los invasores de su intimidad. Escribirlo es fácil ¿verdad?
También es claro que esa privacidad puede ser invadida en casos de interés social; como el del padre que al interior de su casa abusa de los menores o quien utiliza la propiedad privada para planear y preparar actos de guerrilla que atentan contra el orden común; ni qué decir de secuestradores que retienen a inocentes en domicilios particulares.
El ámbito de lo privado es sagrado, es el lugar donde podemos expresarnos libremente con cualquiera de las manifestaciones humanas, sean de amor filial o sexual, de expresión de ideas políticas o de tendencias educativas, incluyendo las creencias religiosas, sin olvidar las desavenencias familiares.
El ejercicio de la privacidad de los seres humanos y su salvaguarda es la justificación final del orden de la sociedad moderna, incluidas sus normas y leyes. Es la gran ganancia del Estado moderno, cuyos pensadores no pueden aceptar viejos principios de justicia y orden comunitario como aquel de que “un mal menor se justifica por el logro de un bien mayor”. Si deseamos que nuestra democracia llegue a los niveles del diálogo amplio, debemos empezar por defender el derecho a la privacidad de todos, aún de aquellos que conspiran contra las instituciones, porque finalmente: “El fin no justifica los medios”. ¿No le parece? ydarwich@al.mx
