La carga de trabajo y la cercanía del proceso de entrega-recepción son factores que provocan lentitud en la fiscalización que realiza la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa a los 39 ayuntamientos y a las secretarías de Educación y Salud por presuntos ?aviadores?, reconoció Juan Gerardo Parral Pérez.
Apenas cuatro municipios de la entidad han sido revisados en lo que va del año por la dependencia: Hidalgo, Tamazula, Indé y Nazas. Restan 35 entidades edilicias más; sin embargo, el Contralor del Estado dijo que hay altas probabilidades de sacar el trabajo pendiente de revisión a municipios antes de que concluya la actual administración estatal.
?Hemos estado teniendo fiscalización en las coordinaciones que tenemos con la Secretaría de la Función Pública, y en eso hay programas de Ramo 20 y Ramo 33 que realizamos conjuntamente con el Gobierno Federal, de tal manera que nos ha distraído un poco de tiempo de las otras áreas de fiscalización?.
En la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), el avance de la investigación sobre la existencia de presuntos ?aviadores? no arroja aún un resultado definitivo, pues se necesita que salga una resolución de los procedimientos, y éstos no son ágiles porque en cada uno se aportan pruebas, se analizan los diferentes aspectos a detalle y se forman expedientes que van de 150 a 200 documentos que se deben analizar.
Parral Pérez no pudo confirmar que antes de que termine la gestión gubernamental 1998-2004 se pueda tener un resultado definitivo de las investigaciones en la SEED, mismas que se derivaron luego de las denuncias interpuestas por el diputado panista con licencia, Mario Moreno Salas.
Dijo que sí hay avance, pero no se puede hablar con seguridad de que la indagatoria concluirá a tiempo (antes del mes de septiembre), y en buena parte la causa de ello es que se le está invirtiendo personal y atención especial al proceso de entrega-recepción de la administración estatal y de los gobiernos municipales.
Otra indagatoria que realiza la Secretaría de Contraloría es en la Secretaría de Salud del Estado, la cual se origina a raíz de una denuncia también por presuntos ?aviadores?, que fue presentada por Rocío Maldonado, empleada de Salud, en contra del caso concreto de Francisco Javier Martínez Prado, quien presumiblemente tiene plaza en la instancia de salubridad y, al mismo tiempo, atiende con el mismo horario otra plaza en el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
?Acaban apenas de ratificar la denuncia. Siguen las investigaciones previo a la procedencia o improcedencia del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa contra esta persona?, declaró el funcionario entrevistado.
A pregunta expresa de El Siglo de Durango sobre el particular, Juan Gerardo Parral puntualizó: ?Es que no es el único asunto que llevamos. El día 2 de junio pasado, apenas hace cinco días que se ratificó esta denuncia, y estamos ya en la investigación. Lo que pasa es que no podemos dar ningún avance por el principio de discrecionalidad. Pero, después de la ratificación, ya estamos en la investigación?.
ARMAMENTO
Preparan informe
Como parte del proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal, la Coordinación Estatal de Seguridad Pública está realizando el informe sobre el tipo y el número de armas de fuego sobre las cuales tienen licencia para su uso el Gobierno del Estado y las presidencias municipales.
En tal sentido, Gerardo Castañeda Solís, secretario de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública, señaló que aproximadamente se incrementó el armamento de uso oficial estatal o municipal en un 60 por ciento, entre 1998 y el presente año.
Se trata de dos tipos de licencia: la número 205 que utilizan las Direcciones de Seguridad Pública Municipal de los 39 ayuntamientos, así como el personal de los Centros de Readaptación Social de la entidad; en este tipo de permiso se tiene un inventario total de dos mil 324 armas, entre cortas y largas.
La otra licencia es la 197, que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional para el uso del personal operativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado; en ella se tiene un control de mil 604 armas de fuego.
