de nueva cuenta la Procuración de Justicia en Coahuila es cuestionada, en ocasión del litigio entre socios de la empresa Megacable.
De acuerdo a los antecedentes, un grupo de empresarios que afirma haber invertido diez millones de dólares en la introducción de Megacable en el Estado de Coahuila, denuncia en los medios informativos haber sido despojado de la administración y patrimonio de la empresa, en virtud de un mandato de la Procuraduría de Justicia apoyado en la fuerza pública, que de acuerdo a la versión del grupo de quejosos no tiene sustento en orden de juez competente.
Lo anterior es grave porque entraña una violación a los derechos constitucionales de los denunciantes, en la medida en que están siendo privados de sus derechos de propiedad, sin que medie una orden escrita de autoridad judicial que funde y motive la causa legal del procedimiento y sin que los afectados hayan sido oídos en su defensa en un procedimiento seguido en forma de juicio.
El conflicto rebasa la esfera de las garantías individuales y los negocios particulares y lesiona el interés público, porque se trata de una empresa que explota comercialmente una concesión del Gobierno Federal asignada por la Secretaría de Comunicaciones, que presta servicios tanto de televisión como de Internet por cable. El litigio afecta a tales servicios y en especial, a los sistemas de informática de empresas que operan en la región, algunas de ellas transnacionales.
Por ello a la violación de los derechos personales y a la generación de daños materiales que de por sí resulta difícil cuantificar, se suma al desprestigio que sufren las instituciones locales frente a los señalamientos que acusan la falta de un Estado de Derecho en Coahuila, que garantice la seguridad de las inversiones.
Cualquiera pensaría que lo procedente es acudir al Poder Judicial Federal en busca de protección constitucional, pero he aquí que los quejosos se duelen de que habiendo recurrido a tal instancia, la Procuraduría de Justicia del Estado se niega a remitir las constancias del expediente del cual derivan los actos de autoridad reputados ilegales, lo que impide la secuencia del Juicio de Amparo.
Lo anterior es tan grave o más que los actos inconstitucionales que en el origen del pleito se atribuyen a la Procuraduría de Coahuila, porque revela una voluntad perversa en dirección a violar en forma persistente el marco legal y situarse por encima de la Ley.
Lo peor es que frente a las acusaciones que contienen los desplegados de prensa que publican las partes en litigio, ni la procuraduría ni el Gobierno de Coahuila han dado explicación alguna sobre el particular.
El proceder del procurador Óscar Calderón Sánchez en este caso no es la excepción. Existen ejemplos en los que la institución a su cargo oculta información a los Jueces de Distrito y en ocasiones incurre en falsedad en forma deliberada, para obstaculizar la defensa de los solicitantes del Amparo.
Una actitud semejante de menosprecio al marco legal que se advierte en el caso de Megacable, es la que ha generado el conflicto del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México con el Poder Judicial Federal, que ha puesto al primero en el camino del desafuero.
El mal ejemplo cunde y los “Pejes” metidos a gobernar por encima de la Ley se multiplican a lo largo y ancho del país; mientras el circo capitalino mantiene entretenidos a los coahuilenses, pesa una amenaza en nuestra contra en ese mismo sentido, aquí en nuestra patria chica.
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