El jefe de Gobierno capitalino manifestó que una autoridad democrática tiene que garantizar la gobernabilidad mediante el diálogo y sin recurrir a la represión.
30 de septiembre 2004.
México, (Notimex).- El jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la gobernabilidad democrática es posible sin autoritarismo y con apego a las garantías individuales y sociales de los ciudadanos.
Al participar en el Foro Gobernabilidad Democrática ¿Qué Reforma?, en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, el mandatario local manifestó que una autoridad democrática tiene que garantizar la gobernabilidad mediante el diálogo, el acuerdo, la tolerancia y sin recurrir a la represión.
Es decir, manifestó López Obrador ante legisladores, académicos y público en general, se trata de hacer valer el principio juarista de que "nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho".
López Obrador definió lo que para él son cinco políticas para la gobernabilidad democrática, y señaló que se debe consolidar el principio de división y equilibrio de poderes, por lo que la relación del Ejecutivo federal con el Congreso debe partir del respeto a la autonomía del Legislativo.
De igual manera, subrayó, la relación del Presidente de la República con el Poder Judicial debe darse apegada a la legalidad y el derecho, por lo que propuso una profunda reforma al órgano encargado de impartir justicia, a favor de la transparencia y la responsabilidad de sus decisiones.
El Poder Judicial debe contar con absoluta autonomía, pero es urgente crear a su interior un sistema de control y vigilancia que evite la corrupción y garantice el recto proceder de jueces, magistrados y ministros.
López Obrador comentó que existe el Consejo de la Judicatura Federal, pero refirió que este organismo no ha cumplido cabalmente con su encomienda de garantizar la imparcialidad e independencia de las decisiones judiciales.
En cuanto a la relación del Ejecutivo Federal con los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales, el mandatario capitalino indicó que debe ser motivo de una revisión a fondo para definir las reglas de convivencia que demandan los nuevos tiempos.
Opinó que se deben revisar y definir las facultades fiscales de cada una de las instancias o niveles de gobierno, porque las relaciones vigentes en la materia se norman a partir de la Ley de Coordinación Fiscal, que se promulgó en 1980.
En este sentido, dijo que las condiciones económicas, sociales y políticas han cambiado, por lo que debe llegarse a un acuerdo para redefinir quién tiene qué cobrar los impuestos y como distribuir el presupuesto público.
Consideró obsoleto el actual sistema de recaudación y manifestó que los gobiernos estatales han dejado de ocuparse del cobro de impuestos para depender casi totalmente de las participaciones federales, por lo que la estructura de los mismos permanece prácticamente inactiva.
Ante esto propuso devolver a los gobiernos estatales y municipales su capacidad de recaudación en el cobro de algunos impuestos, medida que debe ser calculada, apunto, de acuerdo con la realidad económica de cada entidad y sobre todo de sus necesidades sociales, para definir una fórmula que permita compensar a los estados que obtendrían menos ingresos.
Con esta reforma, destacó, se reactivaría el sistema de recaudación fiscal en su conjunto, pero los gobiernos estarían interesados y comprometidos en cobrar impuestos y se reduciría la evasión fiscal.
