Pretenden gravar ingresos de honorarios, arrendamientos y actividades empresariales, entre otros
Emana de la Convención Nacional Hacendaria la propuesta para que se dote a estados y municipios de potestades tributarias y eleven sus ingresos propios con la creación del impuesto al consumo, y gravar en forma cedular a las personas físicas que obtengan ingresos por salarios, honorarios de actividades profesionales, arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles y actividades empresariales.
Miembro de la mesa de trabajo II, relativa al rubro de ingresos, con la representación de diputados estatales del PAN, Víctor Joel Martínez Martínez, informó que luego de varias sesiones de análisis y discusión, se obtuvieron conclusiones que serán llevadas a la comisión técnica de la Convención Nacional Hacendaria, para que a su vez de así considerarlo pertinente, plantearlas ante el Congreso de la Unión para que se legisle al respecto.
Las conclusiones del diagnóstico señalan que el problema de insuficiencia de ingresos fiscales, no es de concentración, sino de centralización de las decisiones en política fiscal; que los municipios y estados deben tener menos dependencia de las participaciones y aportaciones federales.
Se hace indispensable aprovechar mejor las fuentes locales, particularmente el impuesto predial y los ingresos por servicios municipales y garantizar la transparencia y rendición de cuentas.
Producto de tales conclusiones, según lo comentó el coordinador de la bancada panista en el Congreso de Durango, se emiten las siguientes recomendaciones:
Que los estados puedan establecer un impuesto local a las ventas y servicios al consumo final con una tasa mínima del 3 por ciento, a efecto de que dos puntos porcentuales se destinen a las entidades federativas y uno a los municipios. Se aclara que puede ser de carácter federal en su aplicación inicial y posteriormente local. Significaría una recaudación, según estimaciones de 44 mil 856 millones de pesos.
Para que se lleve a cabo se aconseja reducir la tasa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12 por ciento. A la par se plantea compensar las pérdidas, que ello significaría para los ingresos fiscales establecer una tasa de IVA del 4 por ciento a los alimentos y eliminar exentos.
IMPUESTO AL INGRESO
Otra de las recomendaciones es facultar a los estados para establecer un impuesto, en forma cedular, para las personas físicas que obtengan ingresos por diversas formas. En la cédula de salarios se respetaría la exención constitucional al mínimo.
Tendría una tasa única entre 2 y 5 por ciento. Mencionan que con una tasa del 5 por ciento se obtendría una recaudación equivalente al 90 por ciento del impuesto al consumo final de bienes y servicios. En cuanto a la base gravable, se puede tomar la utilizada para los efectos del ISR federal.
Se recomienda que al aplicarlo, se permitiría eliminar los impuestos sobre nóminas estatales, con lo que se mejora la competitividad del estado que haga la sustitución.
ADMINISTRACIÓN POR ENTIDADES DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN ISR E IVA
El diagnóstico indica que existe una elusión fiscal importante en el sector de personas físicas, proponiéndose combatirlo mediante acciones de las entidades que deseen participar en un programa especial, que se aplicaría en el ISR federal y el IVA, y que comprendería entre otros los siguientes aspectos:
Se establecería una meta, la cual una vez alcanzada, el excedente se repartiría el 50 por ciento para la entidad y el otro a la Federación que se integraría a la recaudación participable. De no llegar al monto programado, se castigaría a la entidad; se constituiría un fondo de compensación administrado por Banobras para garantizar que cuando un estado deba perder el 50 por ciento de la recaudación que esté por debajo de la meta, existan los recursos necesarios para ello.
MUNICIPIOS
Se recomienda aprovechar las fuentes locales para fortalecer los ingresos, como el predial y la prestación de servicios, a través de las siguientes medidas:
Impulsar el desarrollo de los programas de catastro y registro público para su modernización y de los sistemas de recaudación municipal; dar la opción de que la Federación deposite directamente sus participaciones; prohibir que las leyes federales y estatales, así como las decisiones de cabildos, establezcan las exenciones del impuesto predial. Se limitaría la excepción de los bienes del dominio público para que en todo caso, lo paguen las empresas públicas sobre el valor de los terrenos y la obra civil. Se consideró que los municipios tengan facultades tributarias limitadas, al tener en cuenta que el Cabildo no es un órgano legislativo.
SIMPLIFICACIÓN DE LA TARIFA A LAS PERSONAS FÍSICAS
Se recomienda una nueva tarifa aplicable a las personas físicas estructurada de manera sencilla en dos tramos, manteniendo libres de carga fiscal a los contribuyentes de menor capacidad contributiva. Con una desgravación general que tenga una cobertura de hasta el 80 por ciento de los trabajadores afiliados al Seguro Social, evitando así afectar el ingreso disponible de este sector.
Pero se mantiene la carga progresiva del gravamen para los que obtienen ingresos superiores a la cantidad que resulte, ya que el excedente gravable será mayor en tanto perciban mayores ingresos. Ello permitiría eliminar el subsidio y el crédito al salario, sin que se vean afectados los de menores ingresos, y simplificar el cálculo del impuesto.
Los mismos trabajadores podrán verificar si el Impuesto Sobre la Renta que se les retiene es el correcto, cosa que hoy no pueden hacerlo.
Conclusiones
Elaboradas con base a las propuestas ejecutivas que se presentaron en la mesa II de Ingresos, y conforme al diagnóstico.
· No se tiene un problema de concentración de ingresos, sino de centralización de las decisiones de política fiscal (incluye gasto).
· Las entidades federativas y los municipios deben depender menos de las participaciones y aportaciones federales, por lo que se debe procurar aumentar sus ingresos propios, sin perjuicio de que también aumenten los ingresos de la Federación.
· Se requiere establece una mayor autonomía estatal que permita diversos niveles de ingreso según las preferencias de cada entidad.
· Se hace necesario retribuir en mejor medida a las entidades generadoras de impuestos, sin perjudicar en términos absolutos a ninguna entidad.
· Es indispensable aprovechar mejor las fuentes locales, particularmente el impuesto predial y los ingresos por servicios municipales.
· Se debe garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
FUENTE: Investigación El Siglo de Durango.
