La homologación de penas más elevadas a los secuestradores, mayor control y registro en la venta de teléfonos celulares, control de teléfonos públicos y celulares en centros de rehabilitación, la puesta en marcha de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), fueron algunos de los acuerdos derivados de la XV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Saltillo, Coahuila.
Luego de asistir a dicho evento, José Oliverio Reza Cuéllar, procurador de Justicia del Estado, informó que los compromisos adquiridos en la reunión realizada el pasado 29 y 30 de julio, encabezada por el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, fueron consensuados ante el pleno y aceptados para su propuesta legislativa ante los congresos de los estados.
Destacó que por la urgencia que plantea atender y acotar delitos graves como el secuestro, fue unánime el incremento en la pena mínima para este tipo de maleantes, tiempo que oscila entre los 15 y 20 años, sin goce de ningún tipo de beneficio, por lo que deberán purgar totalmente su pena corporal.
?La media en la mayor parte de los estados es de 50 años, aproximadamente, aunque la excepción es el estado de Puebla, que castiga el plagio con una máxima de 70 años?.
Dentro de las aportaciones que hicieron organismos civiles y empresariales como México Unido y la Coparmex, destaca enviar a manera de iniciativa a los Congresos de los estados para que las compañías de telefonía celular ejerzan mayor control en la venta de sus aparatos, además de generar un padrón con los nombres y datos de los clientes.
Lo anterior, dijo el informante, es a raíz del incremento de los fraudes telefónicos, además de que este tipo de aparatos son utilizados siempre en la mayor parte de los secuestros, por la dificultad que implica ubicar a su propietario y las limitaciones para rastrear la llamada.
Otro de los fenómenos que se analizaron relacionados con el mismo caso fue que una gran cantidad de llamadas provienen del interior de centros penitenciarios, donde los internos tienen la facilidad para comunicarse al exterior por medio de celulares o teléfonos públicos; por este motivo habrá algunas restricciones que en cada estado se harán patentes, además de las ya existentes en reclusorios y ceresos.
Entre las medidas para acotar los delitos graves como el secuestro, surgió la propuesta de crear grupos especiales de campo y reacción inmediata, puntos en los cuales, comentó el Procurador, se tienen avances con la existencia de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UCCO).
Finalmente, respecto del narcomenudeo, Reza Cuéllar señaló que los convenios con la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República contemplan la puesta en marcha de las UMAN, con recursos materiales y humanos de ambas dependencias, sobre todo en los municipios de Santiago, Gómez Palacio y la propia capital, con el fomento de la denuncia ciudadana.
Nuevo edificio para finales de mes
Por otra parte, el titular de la PGJ, Oliverio Reza Cuéllar, previno que pese a que faltan sólo detalles para la puesta en marcha del nuevo edificio de la institución, será inaugurado para finales del presente mes, además de otras obras en materia penitenciaria como los Cediresos de Guadalupe Victoria, Santiago Papasquiaro y el COOMI de Gómez Palacio.
El movimiento de personal y de equipo para el cambio será de aproximadamente 500 personas en la primera etapa; ya las posteriores quedarán al cargo de la administración entrante, así como su conclusión.
Numeralia.-
-Los procuradores del país acordaron elevar la pena mínima por secuestro hasta los 20 años
-En el estado de Puebla la máxima es de 70 años
