Un proyecto de iniciativa para establecer el marco jurídico sobre las etnias en Durango propone la creación de un organismo intersecretarial para promover el desarrollo de los pueblos indígenas, así como la instauración de una Procuraduría de la Defensa de sus habitantes.
Los 70 mil 762 pobladores de las etnias que hay en la entidad podrán gozar plenamente de sus derechos, usos, costumbres, forma de organización y cultura, y además recibir los apoyos gubernamentales necesarios que los saquen del atraso y la marginación en que han permanecido, a partir de que el Congreso local apruebe la Ley Indígena que ya se encuentra en la etapa de dictamen por parte de los diputados.
La iniciativa que contiene la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado fue presentada por el diputado Adán Soria Ramírez, y turnada de inmediato a la comisión legislativa que se encargará de elaborar el dictamen que se ponga a consideración del pleno de la Legislatura, para su análisis, discusión y aprobación, en su caso.
El proyecto
La zona indígena ubicada al sur de la entidad, en los municipios de Mezquital y Pueblo Nuevo, es una de las regiones de alta marginalidad, presenta grandes rezagos en la dotación de servicios, como son los caminos, abasto de básicos, electrificación, agua potable, educación, salud, además de que sus actividades económicas se encuentran limitadas a la elaboración de artesanías, agricultura, ganadería y forestal.
Del total de habitantes, 35 mil 254 son hombres y 35 mil 472 mujeres, que representan el 3.1 por ciento de la población estatal, integrados en un 15 por ciento de mestizos, tepehuanos 70 por ciento, huicholes ocho por ciento y mexicaneros siete por ciento. En la región sur se ubican mil ocho localidades, de las cuales el 89 por ciento tienen menos de 100 habitantes.
La principal limitante para la producción artesanal es la falta de canales de comercialización; se fabrican ollas, cazuelas, jícaras, morrales, redes, cobijas de lana, sombreros de soyate, bancos de otate y carrizo, guitarras, violines, etc.
La agricultura se desarrolla básicamente para el autoconsumo. El principal cultivo es el maíz, con mínima de frijol, sorgo, cacahuate, avena, calabaza y papa. Los terrenos planos son escasos y están en poder de los mestizos.
La ganadería practica el libre pastoreo de explotaciones extensivas para autoconsumo. Predomina la cría de razas criollas de baja calidad genética, con nula asistencia técnica y manejo. Se han visto relegados por los mestizos en los agostaderos.
La superficie forestal es de 302 mil 800 hectáreas. Sin embargo, al venderse a pie de monte, tienen pérdidas en sus posibilidades productivas.
Las enfermedades más frecuentes son propias de las comunidades marginadas, con bajos niveles de vida, deficiente alimentación y falta de higiene. Hay carencia de personal médico en los hospitales y clínicas.
El 29 por ciento de la población indígena tiene edad escolar, el 22 por ciento mayor de 15 años son analfabetas y es significativo que el 61.19 por ciento de seis a 14 años es atendida en primaria y secundaria. Sólo el 6.54 de los alumnos egresa de sexto año.
El 79 por ciento de las viviendas carece de servicio de agua potable. Hay en la región indígena una red de 924 kilómetros de caminos rurales revestidos y con obras de drenaje, de los cuales el 65 por ciento está en condiciones regulares y el resto en mal estado. Hay un número indeterminado de brechas en malas condiciones.
?Son tales circunstancias lo que hace la necesidad de aprobar un marco jurídico sobre el desarrollo de los pueblos indígenas, que permita garantizar el progreso, a través del incremento de los recursos y programas gubernamentales que se apliquen para combatir las necesidades que presenta la región?, argumentó el diputado promotor de la iniciativa.
El proyecto incluye el planteamiento de la creación de un organismo que se denominaría Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como la instauración de una Procuraduría de la Defensa del Indígena.
El primero tendría como finalidad prioritaria orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para incrementar el desarrollo integral y sustentable de los pueblos.
La Procuraduría se crearía con la intención de garantizar el cabal cumplimiento de los derechos y el respeto a su cultura e idiosincrasia, propia de cada uno de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.
