Detectan serias deficiencias en normas estatales y no puede haber una por encima de ellas que las regule
Se identifican deficiencias en las legislaciones estatales sobre la transparencia y el acceso a la información pública que impiden que una ley ordinaria, como puede ser la estatal o federal, pueda estar por encima de una ley orgánica, como la que rige a los congresos o al Poder Judicial, de tal modo que la única solución es que haya una ley general a través de modificaciones a la Constitución Política de México, para que nadie tenga escapatoria, sobre todo en lo referente a sanciones.
Salvador Nava Gomar, director de la Universidad Anáhuac, quien impartió la conferencia ?Acceso a la Información en México: Una visión de Derecho Comparado?, dentro del Primer Ciclo de Conferencias, ?Retos y Oportunidades del Derecho a la Información?, fue cuestionado sobre los vacíos que existen en las legislaciones sobre la Transparencia y Acceso a la Información Pública, como la que existe en Durango y la que se pretende echar a andar, en forma práctica, dentro de poco.
Reconoció que hay un defecto generalizado en todas las leyes de Acceso a la Información. En el caso de la expedición de la ley referente a la transparencia en Durango, como en otros estados, ésta no puede estar por encima de la Ley Orgánica del Poder Judicial o del Congreso del Estado.
A través de las leyes de información, se establece en casi todas una directriz general, que por un lado se obliga al Poder Ejecutivo para crear la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, que es el órgano de aplicación con respecto a las sanciones; sin embargo, en lo que que se refiere a la legislación duranguense en este tema no es así.
Se hace por lo general, a través de las legislaciones en los estados, una recomendación al resto de los poderes para que se transparente la información y por otro que se cree el propio órgano de aplicación. En el caso del Estado, existe una Comisión autónoma, pero en los otros poderes la situación es que el organismo es creado por ellos mismos, lo que les hace tomar la fórmula de ?juez y parte?.
La solución que prevé el entrevistado es que a través de la Carta Magna exista la reglamentación correspondiente a través de legislación federal, para que ninguna de las leyes estatales u orgánicas estén por encima de estos ordenamientos, con lo que se garantiza que puedan existir sanciones en los poderes de los congresos de los estados o en el Poder Judicial si fallan a la normatividad.
Actualmente para hacer efectiva la información e incluso las sanciones se depende de la buena voluntad política de las instituciones, pero explicó que aunque se pueden tener mecanismos demostrativos sobre los procedimientos que pudieran ser en un momento dado sancionatorios, no se puede comparar con la eficacia de un órgano de control.
Se realizó ayer el Primer Ciclo de Conferencias ?Retos y Oportunidades Ciudadanas del Derecho a la Información?, en el que participaron autoridades federales y los mismos comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), y de la Comisión Estatal Información Gubernamental (CEIG) del estado de Querétaro.
José Octavio López Preza participó con la conferencia ?Retos del Derecho de Acceso a la Información Pública en el Ámbito Federal?; Jesús Uribe Cabrera, del CEIG, con ?La Experiencia en los Estados?; también Salvador Nava Gomar, con ?Acceso a la Información en México?, y Jorge Nacif Mina, director de Archivística del IFAI, con un taller de ?Organización y Conservación de Archivos?.
