El presidente Vicente Fox acaba de enviar al Congreso de la Unión un proyecto de reformas a once artículos de la Constitución General de la República, en la que sobresale la iniciativa de elevar al rango de Norma Fundamental la protección de los derechos humanos, así como la facultad a favor de la federación de atraer aquellos casos del fuero común cuando se cometan violaciones graves a ese tipo de derechos.
Desde luego que esta propuesta fue respaldada por las comisiones de derechos humanos y hasta la Conferencia del Episcopado Mexicano la secundó. Mas, sin negar las bondades que encierra la propuesta, valdría la pena que la Presidencia de la República respondiera a una serie de interrogantes que derivan de la esencia de la iniciativa y del alcance y contenido de las reformas anunciadas, pues las mismas pueden parecer incompletas o de una ventaja relativa.
El hecho de que se plasme en el texto constitucional el respeto a los derechos humanos no es por sí solo garantía de nada. Pero además, desde la óptica del Gobierno, la sociedad se pregunta si no hubiera sido más efectivo y sencillo dotar de obligatoriedad a las resoluciones de las comisiones de derechos humanos, pues hoy sólo tienen el carácter de simples recomendaciones.
Por otra parte, ¿no hay acaso una duplicidad entre la tarea de estas comisiones y la de los juzgados y tribunales federales que conocen las violaciones a las garantías individuales al través del juicio de amparo? ¿No sería mejor fortalecer al Poder Judicial Federal, que cuenta con personal mejor capacitado que las comisiones y establecer procedimientos más rápidos cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos? Porque quedarse en las meras declaraciones doctrinales, románticas y “humanistas”, no resuelven los problemas de fondo ni aseguran a la sociedad la salvaguarda puntual y efectiva de sus derechos fundamentales.
