El abogado Juan Velásquez señaló además que esa prueba de ningún modo avala la prescripción de los presuntos delitos en la matanza de estudiantes.
10 de agosto 2004.
México (SUN-AEE).-La defensa del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, del ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y del ex procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas, reveló que la prueba presuntamente perdida en el caso del Halconazo en realidad desapareció desde 1997.
El abogado Juan Velásquez señaló que además esa prueba que en realidad aportó el ex procurador Sánchez Vargas cuando compareció ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, de ningún modo avala la prescripción de los presuntos delitos en la matanza de estudiantes de Velásquez se dijo desconcertado por la versión de la fiscalía especial sobre la supuesta desaparición de esa prueba cuatro días antes de la consignación del caso, pues dijo hay documentos oficiales que prueban que en 1997 la PGR inició una averiguación previa por la desaparición del expediente citado y de muchos otros que no fueron hallados en los archivos de la dependencia.
Indicó que aunque se pudiera encontrar el documento, éste de ningún modo impide la prescripción en este asunto ya que se trata de un acuerdo administrativo de enviar al archivo el expediente, y no de una investigación.
La cuestión es simple, dijo: cuando compareció en la fiscalía el ex procurador Sánchez Vargas éste tenía una copia del acuerdo tomado en 1982 de archivar el expediente del Halconazo . El ex funcionario pidió cotejar ese documento con los archivos oficiales, con el fin de que oficialmente se anexara el citado acuerdo.
De este modo se supo que desde 1997 la PGR inició una averiguación previa por la desaparición de ése y muchos otros expedientes, pero aseguró en ese documento no se probaría que no hubieran prescrito los delitos cometidos por los hechos de violencia del 10 de junio de 1971.
Es decir, aclaró, en 1982 no se investigaba al delito ni al delincuente en una averiguación previa, sino que ese fue un acuerdo que tomó el entonces procurador, Óscar Flores Tapia, de archivar la investigación.
Luego entonces, comentó, de aparecer ese documento oficial, éste no prueba nada respecto a que no haya prescrito ese asunto.
