“Los juicios deben ser públicos; las averiguaciones, privadas”. Principio jurídico internacional
Hay razones muy importantes por las cuales las averiguaciones previas deben ser privadas pero los juicios públicos. El jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, se pregunta qué ha hecho de malo al revelar en un programa de televisión la declaración del chofer de Carlos Ahumada quien supuestamente dijo que su jefe se había encontrado en varias ocasiones con Carlos Salinas de Gortari.
Pero debería saberlo, especialmente si tiene intenciones de buscar la Presidencia de la República. Las averiguaciones deben ser privadas por dos razones. Una es de carácter práctico. Si se divulgan detalles de una averiguación en curso, se puede alertar a posibles responsables o cómplices de un delito de que se les está investigando con lo que cual se facilita su huida.
Vamos a suponer que realmente Carlos Salinas de Gortari fue cómplice en los delitos de fraude y corrupción por los que se está procesando a Carlos Ahumada. López Obrador ya lo alertó de que se le ha involucrado en el caso. La otra razón es más de fondo y tiene que ver con la presunción de inocencia que debe existir en cualquier sistema legal que se respete. Mientras una persona sólo está siendo investigada, pero no se han presentado acusaciones formales en su contra en un proceso, no es correcto que se divulguen los posibles delitos por los que se le investiga.
No es justo, por ejemplo, que se señale que una persona ha cometido un delito de corrupción de menores cuando sólo se le está investigando, ya que su fama pública quedaría afectada de manera inevitable, aun cuando después el juez decidiera que no hay elementos siquiera para dictar un auto de formal prisión e iniciar un proceso.
Este secreto es crucial para tener un sistema judicial que realmente funcione. El propio López Obrador, que se queja de que funcionarios de la Procuraduría General de la República han señalado su violación al secreto de la averiguación, debería saberlo. Él sería el primero en protestar si otro violara de esta manera el secreto de una averiguación previa que lo involucrara a él.
En contraste con las averiguaciones previas, los juicios deben ser públicos. Las razones son también evidentes. Los juicios públicos nos dan la certeza a los gobernados de que los procesos judiciales se llevan a cabo con honestidad. Un proceso abierto le da garantías al acusado de que las actuaciones se llevan a cabo conforme a derecho. Y esto le permite suponer que sus derechos individuales serán salvaguardados.
Paradójicamente vivimos en un país en que funcionarios de alto nivel piensan que tienen el derecho, por razones políticas, de violar el secreto de las averiguaciones previas, mientras que el sistema judicial le niega a los gobernados y a la sociedad el derecho a los juicios públicos. No sorprende que tengamos un sistema de justicia al que nadie le tiene confianza. La reacción de López Obrador a los cuestionamientos en su contra por haber violado el secreto de la averiguación previa de Carlos Ahumada nos revela también otro problema de fondo de la justicia mexicana. Debido a que los procuradores en nuestro país son designados por el Ejecutivo y dependen de él, es difícil pensar que puedan actuar con autonomía.
Así, los perredistas afirman que la Procuraduría General de la República está a las órdenes del presidente Vicente Fox en el caso Ahumada. Los panistas se quejan de que Bernardo Bátiz, el procurador capitalino, se comporta más como empleado de López Obrador que como un funcionario dedicado a procurar justicia. Panistas y perredistas cuestionan la credibilidad del procurador de Oaxaca en el caso del supuesto atentado contra el gobernador José Murat. Y los priistas dudan de la honorabilidad del procurador de Yucatán a quien acusan de hacer el trabajo sucio del gobernador panista Patricio Patrón Laviada. Nuestro país paga un alto precio por esta desconfianza hacia los procuradores.
Por eso es tan importante que se le dé una autonomía real a las procuradurías. La propuesta se encuentra ya, para la PGR, en la iniciativa de reforma judicial presentada por el presidente Fox. Claro que de nada servirá tener fiscales independientes si seguimos teniendo un sistema judicial que hace públicas las averiguaciones previas y mantiene en secreto los juicios. Este es un principio aceptado en todo el mundo que debe aplicarse también en nuestro país.
México.com
El Gobierno de México ha empezado un proceso legal para tratar de tomar el control del sitio de Internet México.com. Sólo que éste fue debidamente registrado en su momento por una empresa privada y ha venido operando desde entonces. Lo que pretende hacer el Gobierno mexicano es una expropiación sin indemnización.
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