Mucho se decía en la década de los setenta cuando los gobiernos de México y de otros muchos países de Iberoamérica contrajeron multimillonarias deudas públicas que los bancos soltaban con suma facilidad esos millones de dólares confiaban en que los gobiernos nunca quiebran, los países no pueden desaparecer por insolvencia y con ello los acreedores tienen seguros a sus deudores.
Las crisis recurrentes por efecto del pago de la deuda externa o mejor dicho la deuda eterna nos han venido a demostrar palpablemente que esa consideración bancaria no era exacta y que ha habido en estos treinta años países que han declarado la moratoria, afectando a los bancos acreedores pero también y sobre todo a los ciudadanos de esos países insolventes.
A estas tristes situaciones de no poder hacer frente a los compromisos dinerarios se ha llegado sin duda por acciones equivocadas e inclusive fraudulentas de muchos políticos y antiguos funcionarios, tal y como ahora lo podemos constatar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también en lo que se refiere a este organismo encargado de la seguridad social en México, por culpa de un sindicato, que ha impuesto reglas de conveniencia solamente para los trabajadores de ese organismo descentralizado, en lo referente al régimen de pensiones de que gozan de los trabajadores del IMSS.
El Seguro Social se creó en 1943 con la idea de proporcionar servicios de salud y jubilación a los trabajadores mexicanos sobre la base de ser un organismo tripartita con participación del Gobierno, las empresas y los trabajadores, pero al final el proyecto fue secuestrado por los políticos y por los burócratas de la propia institución.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), ha vuelto a empecinarse a ceder un ápice en la serie de reivindicaciones que están haciendo financieramente insostenible la supervivencia del IMSS.
Los 375 mil trabajadores en activo y 110 mil jubilados de esta institución gozan de una serie de prerrogativas que ni por asomo son atribuibles a aquellos 15 millones de derechohabientes a los que se deduce puntualmente de su sueldo la cuota correspondiente. Por ejemplo los derechohabientes se jubilan a los 65 años de edad en cambio los trabajadores del IMSS a los 53 en promedio, ya que pueden retirarse a los 27 de estar adscritos al sindicato.
Los derechohabientes jubilados reciben una porción del sueldo que ganaban cuando laboraban; los sindicalizados, lo reciben completo más las prestaciones que percibían en activo.
Pero además con la inversión de la pirámide poblacional que se está operando en México, constatamos en el IMSS lo que puede suceder a nivel nacional: En 1976 por cada 16 trabajadores en activo había un jubilado; hoy hay tres en activo por cada pensionado; para la década del año 2010 habrá sólo un trabajador por cada jubilado. Contablemente el Seguro Social está quebrado, su patrimonio era ya negativo en 153 mil 695 millones de pesos, a fines del año 2002.
