Aparte del tratamiento que dé la Cámara de Diputados al veto presidencial relativo al presupuesto, la quincena que hoy comienza quedará marcada por demasiados asuntos importantes como para procesarlos en las cuatro sesiones que al ritmo ordinario celebrarán las cámaras mañana, el martes siete, el jueves nueve y el martes 14, después de las cuales se clausurarán los trabajos el día 15.
Dos temas cruciales para la vida del Distrito Federal se hallan en la etapa de análisis y consulta y probablemente no tendrán lugar en la agenda de esta quincena. En el procedimiento para el desafuero del jefe de Gobierno capitalino se está en el desahogo de pruebas periciales. Algunas de ellas serán atendidas por la Sección Instructora sólo en enero, por lo que si hay dictamen sobre ese asunto y no se cita a periodo extraordinario con el objeto de votarlo, sólo en marzo, cuando se reinicien las sesiones ordinarias podría tener curso.
En el Senado la reforma al artículo 122 constitucional se encamina en la misma dirección. Con prudencia contraria al apresuramiento con que trabajaron los diputados, los senadores han escuchado el parecer de algunos de los órganos del Gobierno de la ciudad cuyas finanzas quedarían severamente lastimadas con esa adición constitucional (o, por mejor decir, con sus atrabiliarios artículos transitorios). Por lo pronto parece haber sido eliminado el amago incluido en el diseño original de la reforma, que se pretendía poner en vigor dentro de un mes exacto.
Mañana jueves, en cambio, será presentado a primera lectura el dictamen sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que desde antes de su presentación como iniciativa generó fuerte inconformidad en un vasto sector del mundo laboral. El presidente de la Comisión de trabajo, el ex gobernador de Querétaro, Enrique Burgos, se dispone a presentar el dictamen, que podría ser aprobado la próxima semana, o en la sesión postrera.
Si no se ha convenido con el Senado un tratamiento presuroso a esta reforma (quizá en compensación al curso lento dado a la adición al artículo 122), las enmiendas y adiciones a la Ley del Trabajo (que es la reforma laboral a la que se alude cuando se habla de las “estructurales que necesita México”) quedarían a medias, en espera de un periodo extraordinario o del ordinario de marzo.
Los sectores contrarios a esa legislación la identifican como reforma Abascal, porque fue inspirada por el secretario del Trabajo, pero redactada en despachos patronales con cuyos miembros se entienden bien las cúpulas sindicales reunidas en el Congreso del Trabajo. En una primera etapa, había sido convocada a reuniones preparatorias de dicha reforma la Unión Nacional de Trabajadores, que se apartó de ellas al conocer no sólo su contenido sino el procedimiento de confección. Concluido el proyecto, no fue presentado por el Presidente de la República, sino por una abigarrada coalición de diputados: los del sector obrero priista, los de Acción Nacional, los verdes (que tienen, así sea en préstamo, a un dirigente sindical, Fernando Espino Arévalo) y algún desbalagado legislador perredista.
Al llegar a la Cámara en diciembre de 2002 se buscó acelerar su tramitación, pero resultó una rueda de molino con la que muchos diputados no quisieron comulgar. Concluyó sus funciones la legislatura anterior y la nueva comisión de trabajo recuperó el ritmo, no sin modificar algunos ribetes excesivos, por lo que ha conseguido asentimiento que quizá hagan salir adelante esa reforma, ya.
El espíritu general de las enmiendas y adiciones favorece al sindicalismo corporativo y simulador, y estimula la pérdida de garantías en la contratación, reclamada por algunos sectores empresariales como requisito para la generación de empleo. Se estorbará el emplazamiento a huelga y obviamente la huelga misma, mediante una presunta mayor participación de los sindicalizados en la toma de decisiones.
Pero no se favorece tal participación en la firma de contratos colectivos de trabajo, que pueden ser signados por los comités registrados ante la autoridad. Esa modalidad (el registro) contraria a la libertad sindical se mantiene intacta, de suerte que para crear un sindicato no basta, como lo dicta el sentido común, la voluntad de quienes se agrupan, sino que es preciso el aval de la autoridad, que en el mejor de los casos opera por inercia. Tendremos tiempo para señalar otras muchas zonas de riesgo en la inminente reforma laboral.
Se intentará también presentar a debate en la Cámara, en estos días decembrinos, una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, que busca regular la investigación con células, para fines terapéuticos, pero omite toda referencia a las células madres embrionarias, cuyo manejo es anatematizado en los círculos del conservadurismo católico.
El autor de la iniciativa es el panista doctor José Ángel Córdova Villalobos, que preside la Comisión de salud de la Cámara. En ese carácter consiguió hace un año introducir en la Ley de los institutos nacionales de salud (de modo particular en el de Medicina genómica) una prohibición para utilizar en ese nuevo centro las células troncales embrionarias. Puesto que el Senado se opuso a ese freno al avance de la ciencia y la Cámara se avino a rectificar ese despropósito, ahora se intenta conseguir el mismo objetivo por otras vías.
Ya la fracción panista tomó providencias para ir en tal sentido en el ámbito internacional y quiere afianzar su posición con legislación inhibitoria propia.
