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MÉXICO, DF.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión -con el aval del PAN- aprobó ayer un Punto de Acuerdo para hacer una “auditoría integral”, de los ejercicios de 1999 a 2003 a la Lotería Nacional.
Ello, por el posible desvío y uso discrecional de recursos de dicho órgano de asistencia pública para financiar instituciones privadas vinculadas con la Fundación Vamos México.
La propuesta fue presentada por diputados y senadores del PRI que originalmente pedían la revisión del ejercicio de 2001 a la fecha, pero a petición del PAN, la auditoría se extendió a 1999.
El Punto de Acuerdo fue presentado como “de obvia y urgente resolución” por la senadora Noemí Guzmán Lagunas quien advirtió que la comparecencia del nueve de junio de la directora de la Lotería, Laura Valdés Ruiz, no satisfizo al Congreso.
La funcionaria, dijo, fue “evasiva” y únicamente puso en evidencia hechos graves en torno a esa institución como son el caos administrativo y una nula planeación comercial, que ha propiciado la devolución del 70 por ciento de los boletos de cada sorteo.
Dijo que en la Lotería hay irregularidades que van desde las contrataciones y despidos masivos de personal fuera de norma, la asignación de contratos sin licitación y la contratación por asesoría externa o de servicios de vigilancia personal ordinario de la propia institución que duplican el pago a las mismas personas.
Entre los hechos “insólitos”, mencionó que la Lotería ha cambiado once veces al subdirector de Comercialización, que es la columna vertebral de la paraestatal y actualmente existen 28 vacantes desde de primer nivel.
Estas vacantes van desde el nivel directivo, incluyendo puestos como el de Supervisor de Auditoría Financiara y de Programas o el Supervisor de Auditoría de Sorteos.
“La ilegalidad afloró cuando quedó establecido que vocales del Comité Técnico del Fideicomiso, quienes toman decisiones para la asignación de recursos, son al mismo tiempo contratistas y beneficiarios del mismo”.
Otra ilegalidad es que, a pesar de tenerlo expresamente prohibido, se está beneficiando a organizaciones políticas y religiosas “y también a la familia presidencial”, dijo lacónica la senadora Guzmán Lagunas.
Inclusive, a través del fideicomiso se están otorgando recursos multimillonarios de manera directa a diversos organismos privados que coincidentemente reciben también recursos de la Fundación Vamos México, enfatizó.
Tras escuchar las acusaciones en la casona de Xicoténcatl, el diputado panista Gustavo Madero dijo que su partido está de acuerdo con la transparencia en la rendición de cuentas y en la supervisión de estos organismos, pero pidió que se incluyeran los cuatro ejercicios fiscales anteriores del período solicitado.
La senadora priista, Martha Tamayo, aceptó a nombre de su partido dicha moción pues, dijo, “quisimos que viniera (Laura Valdés) a aclararnos y se le dio la oportunidad de hacerlo pero, lejos de hacerlo, nos dio la certidumbre de las irregularidades”.
El tema motivó un pequeño de bate entre PAN, PRI y PRD pues el diputado perredista Pablo Gómez se pronunció porque se eliminen las cuotas que el Estado otorga a las instituciones de asistencia privada y sólo limitarlas a organismos con muy concretos objetivos.
Sin embargo, el senador panista Héctor Larios de inmediato le reviró al señalar que en el DF, el Gobierno del PRD modificó la Ley de Asistencia Privada con el fin de controlar a este tipo de instituciones, lo que motivó que muchas de ellas se fueran de la ciudad.
El PRD reformó la Junta de Asistencia Privada “para que pudiera tener el Jefe de Gobierno el control directo de las instituciones de Asistencia Privada, siendo que es una actividad de los particulares”.
