EL SIGLO DE TORREÓN
Torreón, Coah.- El Ministerio Público aún analiza algunas de las querellas que fueron promovidas en contra de la empresa Moving Publicity, la cual reanudó operaciones el pasado martes tras una desaparición que causó malestar e incertidumbre entre las personas que habían solicitado sus servicios, consistentes en la entrega de un vehículo a bajo costo a cambio de exhibir publicidad de dicha compañía por un período determinado.
El coordinador de Asuntos Especiales de la Delegación Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Eliseo Cabrales Saldaña, informó que por lo menos es una decena de denuncias penales por el delito de fraude, las que siguen siendo objeto de análisis por parte de la Agencia del Ministerio Público Mesa Tres de Detenidos, debido a que el plazo señalado en el contrato de prestación de servicios aún no llega a su vencimiento.
Recordó que el día nueve de diciembre se presentaron 11 querellas por igual número de personas que denunciaron hechos delictuosos en su perjuicio, después que la empresa había cerrado sin previo aviso ni justificación el local que operaba, sito en la esquina de la avenida Juárez y calzada México, en el oriente de la ciudad.
En esa ocasión los afectados solicitaron la intervención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues al presentarse al establecimiento a realizar sus pagos éste se encontraba cerrado; temiendo que se tratara de un robo del dinero que ya habían entregado de acuerdo con el contrato, pidieron a los agentes policíacos la detención de una de las empleadas, Silvia Anel Figueroa.
Cabrales Saldaña indicó que ese mismo día, los afectados firmaron un convenio en forma particular con la trabajadora de esa empresa.
, mediante el cual se les hizo entrega de un cheque por 125 mil pesos como garantía y el día diez, se les retiró a cambio de esa misma cantidad en efectivo, para ser repartida entre todos los inconformes.
A su vez, Silvia Anel Figueroa se comprometió en el convenio a liquidar el resto del dinero el 11 de febrero de este año, hasta devolver a cada uno de los afectados el dinero que habían aportado, debido a que éstos ya no quisieron tener ningún trato con la empresa en cuanto hacer cumplir el contrato mediante la entrega del vehículo.
El coordinador de Asuntos Especiales de la Delegación de la PGJE manifestó que después se presentaron otras diez denuncias, pero los interesados solicitaron información a la dependencia sobre la empresa para canalizar su inconformidad, de manera que ya no complementaron la querella con documentación que acreditara su relación con la compañía.
Se justifican
Óscar Dávila, consultor externo de la empresa, aseguró que en esta ciudad no había ningún incumplimiento de contratos, a la vez que rechazó que se tenga alguna relación con el resto de las compañías que ofrecen vehículos a bajo costo a cambio de publicidad en otras ciudades del país.
Dijo que ya se entregó una unidad automotriz y se está por adjudicar otras 18 ó 19; a la vez negó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) antes del cierre del establecimiento.
A ese respecto, sin explicar los motivos de la “desaparición” de la compañía, Dávila trató de culpar a los medios de comunicación por el pánico generado entre los consumidores, a raíz de las inconformidades que surgieron en todo el país por un servicio fraudulento.
