16 de febrero de 2004.
Santiago de Chile, (EFE).- Con la esperanza compartida de alcanzar un diálogo fluido y a puerta cerrada, Chile y Bolivia comenzaron hoy su primera reunión de alto nivel tras varios meses de desencuentros, pero sin tocar la demanda boliviana de una salida soberana al Pacífico.
La próxima licitación a privados del puerto de Arica y las garantías chilenas de mantener el libre tránsito y gratuidad a los productos bolivianos coparon las conversaciones en la primera jornada de la XII Reunión de consultas políticas entre ambos países.
Así lo confirmaron en escuetas declaraciones, después de una sesión de tres horas, los vicecancilleres Cristián Barros, de Chile, y Jorge Gumucio, de Bolivia.
"Hemos dado seguridades de que no será afectado el tratado de 1904", explicó Barros, en alusión a las aprensiones de La Paz de que la privatización de Arica pase a llevar las cláusulas de dicho acuerdo, que garantiza a Bolivia el libre tránsito de sus mercaderías y almacenaje en los puertos chilenos.
Barros también reiteró que el tema de una salida soberana al mar para Bolivia, que el gobierno de La Paz ha llevado a diversos foros internacionales en los últimos meses, "no está en la agenda" de la reunión.
"La agenda está concordada, y evidentemente no es una agenda que trata los temas de la soberanía marítima, lo hemos dicho reiteradamente, ese no es un tema de esta reunión, ni de las anteriores ni de las futuras", precisó.
Jorge Gumucio, en tanto, coincidió en explicar que hoy se trataron asuntos relacionados con el libre tránsito de mercaderías bolivianas por los puertos chilenos y también "algunos temas menores, de carácter técnico".
Antes de la reunión, el ministro secretario general de Gobierno (Portavoz) de Chile, Francisco Vidal, la había calificado como "un paso adelante" para la integración de ambos países, aunque insistió en que el tema de la soberanía "no se toca".
Las relaciones entre Chile y Bolivia, suspendidas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, se agriaron todavía más desde el pasado noviembre, cuando el gobierno de Carlos Mesa intensificó la difusión de su demanda marítima, exponiéndola en diversos foros internacionales.
Chile ha mantenido su posición de que cualquier demanda sobre ese asunto debe ser tratada exclusivamente a nivel bilateral y que la idea de una cesión de soberanía a favor de Bolivia debe quedar excluida.
Para Chile, todos los asuntos limítrofes con el país andino quedaron resueltos en el tratado suscrito en 1904, 25 años después de la guerra que le significó a Bolivia perder su acceso al mar.
En ese contexto, la reunión inaugurada hoy estuvo precedida de un clima tenso, enmarcado por varias manifestaciones anti-chilenas realizadas en Bolivia en las últimas semanas.
"Este encuentro es un paso en la dirección correcta, pero si Bolivia toca el tema marítimo, Chile responderá que de la soberanía no se habla", dijo antes de la reunión el ministro portavoz Francisco Vidal.
De todos modos, Vidal se manifestó optimista. "Vemos esta cita con mucha confianza y con un sentido positivo", dijo. "Con este primer contacto a nivel de vicecancilleres se retoma el diálogo político, es un paso en la dirección correcta", enfatizó, al reiterar que "la política permanente del Gobierno en esta materia es buscar el diálogo y los acuerdos en el marco de los tratados".
"Esta reunión es una buena señal que permite, después de las turbulencias, poder dialogar, sentarse a conversar sobre la cantidad enorme de temas de cooperación que tenemos entre Chile y Bolivia", subrayó.
También asistió a la reunión el presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y responsable de la privatización de Arica, Carlos Mladinic, quien manifestó su esperanza de poder aclarar las dudas de Bolivia sobre la iniciativa.
"Estamos abiertos a cualquier propuesta, ya sea boliviana o de cualquier persona, porque Chile quiere aportar un puerto que sirva al desarrollo de toda la región", precisó.
En la reunión también se abordará el tema del río Silala, por cuyas aguas Bolivia reclama a Chile un pago con el argumento de que no se trata de un río sino de un conjunto de manantiales situados en el departamento fronterizo de Potosí, cuya agua se canaliza a Chile desde 1904.
Chile, con el argumento de que es un río internacional, sostiene que no debe pagar nada.
