16 de abril 2004.
Roma, (EFE).- El proceso por corrupción de magistrados contra el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, comenzó hoy en Milán con la ausencia del imputado y una solicitud de recusación del presidente de la sala, que fue rechazada.
Se trata del caso SME, que juzga la presunta compra de jueces por parte de Berlusconi en 1985, cuando se dedicaba únicamente a los negocios, para que bloquearan la venta de una empresa alimentaria pública a su rival empresarial Carlo De Benedetti.
El año pasado el tribunal de Milán decidió que el procesamiento al hoy primer ministro se haría por separado, ya que el caso tenía otros implicados, debido a los compromisos institucionales del político conservador que impedían su comparecencia regular en la sala.
Sin la presencia de Berlusconi, el tribunal milanés reinició hoy el proceso y, comenzada la vista, los abogados de Carlo de Benedetti presentaron una instancia para pedir que el presidente de la sala, Francesco Castellano, fuera apartado del proceso.
La petición, apoyada por la fiscalía, se debe a que en el pasado el juez Castellano ha hecho declaraciones públicas en las que aseguraba que el SME no era un proceso normal y aludía a que un buen número de casos de corrupción tenían relación con Fininvest, la empresa de Berlusconi.
Abogados y fiscales creen que esas declaraciones inhabilitan al juez para dirigir el proceso, a pesar de que las hizo en 2002, cuando no pertenecía al tribunal encargado del caso.
Los defensores de Berlusconi, por su parte, no expresaron rechazo alguno a la petición de las otras partes.
La sala del tribunal, integrada por Castellano y otros dos magistrados, suspendió durante casi tres horas la sesión y se retiró a deliberar acerca de la solicitud, para concluir que era rechazada.
Los tres miembros de la sala milanesa son diferentes de los que el pasado 22 de noviembre emitieron la primera sentencia del caso SME, que afectó al resto de imputados.
Entonces, el parlamentario de Forza Italia y ex ministro de Defensa Cesare Previti, estrecho colaborador de Berlusconi, fue condenado a cinco años de cárcel por corrupción, mientras un juez y un abogado imputados en el mismo caso lo fueron a ocho y cuatro años de prisión.
El tribunal consideró probado que de una cuenta secreta de Fininvest, gestionada por Previti, salió dinero que acabó en una cuenta del juez Renato Squillante, con la colaboración como mediador del abogado Attilio Pacifico.
Antes de esa sentencia, en junio, la mayoría de centroderecha que respalda al Gobierno aprobó una ley que concedía inmunidad a cinco altos cargos del Estado, entre ellos el jefe del Gobierno.
Esta decisión fue denunciada por la oposición que la consideró un trato de favor a Berlusconi.
El pasado 13 de enero, el Tribunal Constitucional rechazó esa norma, lo que ha permitido reanudar hoy el juicio contra Berlusconi, con la particularidad de que ahora los tres integrantes de la sala son distintos a los que juzgaron y condenaron a Previti y otros encausados.
Cuando el proceso siga su curso los abogados de Berlusconi tienen previsto plantear batalla legal para conseguir un elevado número de comparecencias, que deben ser admitidas por la sala.
La aceptación de esas comparecencias probablemente demoraría meses un eventual fallo, aunque está previsto que el mes próximo se paralice el proceso, para evitar interferencias en la campaña para las elecciones europeas de junio.
Aparte del caso SME, el primer ministro italiano tiene otras causas pendientes con la Justicia en Italia y en España, como la acusación de falsedad y fraude fiscal de la cadena de televisión Tele 5, que el Constitucional español decidió en octubre de 2003 mantener "en suspenso" mientras Berlusconi siga con ese cargo institucional. EFE
