Refiere funcionario que desde noviembre del 2003, la IEPA no ha convocado a reuniones del Consejo
El tesorero de la Integradora Estatal de Productores Agropecuarios, Víctor Barrón Ozaeta, dijo que la investigación emprendida por la Procuraduría General de la República contra un presunto fraude de 18 millones de pesos etiquetados para la comercialización del frijol ?versión 2002-, debe llegar hasta las últimas consecuencias, aunque se involucre a políticos, dirigentes campesinos o funcionarios.
En tanto, el delegado de la Sagarpa, Julio de la Mora Razura, acotó que las presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales supera la cantidad de 18 millones de pesos; sin embargo, se reservó la cifra para proteger el secreto de la investigación.
Las situaciones de corrupción que existan deben ser aclaradas y deben deslindarse las respectivas responsabilidades, con ?nombres y la identidad concreta de las personas que hicieron mal uso de los recursos para la comercialización del frijol?, enfatizó.
Designado con el cargo de tesorero desde noviembre del año pasado, Barrón Ozaeta destacó desde el cambio de autoridades de la Integradora ?IEPA por sus siglas-, suscitado en noviembre del 2003, ?no se ha convocado a reuniones del Consejo, no se han celebrado asambleas con los socios, y hasta el momento no hay información de la situación que guarda la Integradora?.
Sobre el presunto manejo irregular de los 18 millones de pesos, indicó que los recursos que se disponían para la comercialización en el 2002 eran autorizados con firmas mancomunadas plasmadas con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, el Delegado de la Sagarpa y la representación de productores, que formaban parte del Comité Técnico del Fondo Estatal de Apoyo a la Inversión del Frijol, Feafrid.
En este sentido, resaltó que la investigación debe indagar la actuación de funcionarios estatales, federales y políticos ?que desempeñaron algún cargo en la SAGyDR-, en virtud de que están involucrados directamente en el manejo y administración de los recursos federales que se destinaron para apoyar los procesos de venta de la leguminosa.
Barrón Ozaeta, también dirigente de la Unión de Pueblos Emiliano Zapata, agrupación filial al Partido Duranguense, reiteró que el trabajo policial de la PGR tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, aunque se divulguen nombres de funcionarios, políticos o dirigentes de organizaciones campesinas.
?Yo quiero pensar en que el Feafrid y la propia Integradora hicieron un buen manejo, honesto y transparente de los recursos federales para la comercialización del frijol?; sin embargo, la última palabra estará en la conclusión de las investigaciones de la Procuraduría General de la República.
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El delegado de la Sagarpa, Julio de la Mora Razura, reconoció que el presunto fraude de 18 millones de pesos de recursos federales, etiquetados para apoyar la venta de la leguminosa, abarca una cantidad más alta; sin embargo, no reveló el monto.
Dijo que no podía revelar qué cantidad adicional está en el escándalo del supuesto fraude que involucra a la Integradora y al Fondo de Apoyo a la Inversión del Frijol, y argumentó que se tiene que respetar el secreto de la investigación que realiza la PGR.
Asimismo, reconoció que la fiscalía que tomó el caso ha llamado comparecer a diversos funcionarios, no sólo de la Sagarpa, sino de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, integrantes del Feafrid y de la Integradora, pero se negó a proporcionar los nombres.
