EL PAÍS
SANTIAGO DE CHILE.- La cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ayer por unanimidad el recurso de amparo que interpuso la defensa del ex dictador Augusto Pinochet para paralizar el procesamiento que dictó el juez Juan Guzmán en contra del general, acusándolo de ser autor de diez crímenes de la Operación Cóndor.
Los tres magistrados no consideraron el accidente vascular cerebral que sufrió el sábado Pinochet, y por el cual permanece internado en el Hospital Militar de Santiago y fallaron con base al mérito del proceso, dando un fuerte respaldo al juez Guzmán.
El contundente revés judicial que sufrió la defensa del ex dictador redujo sus caminos para evitar el procesamiento, detención domiciliaria y embargo de los bienes de Pinochet, como dictaminó Guzmán, a una nueva apelación, esta vez ante la segunda sala de la Corte Suprema.
La defensa interpuso este recurso de habeas corpus, de uso poco frecuente y de rápida resolución, por lo que en medios judiciales se prevé que la próxima semana habrá terminado esta escaramuza judicial.
En su fallo de ocho páginas, los integrantes de la cuarta sala -Jorge Dahm, Juan Escobar y Patricio Villarroel- determinaron que el juez Guzmán, que está conociendo una causa criminal, dictó el procesamiento de Pinochet con apego a todas las formalidades del Código Penal, entre ellos el realizar un examen del mérito de los antecedentes que dispone para formarse una convicción.
Desechan también el argumento al que acudió la defensa, al sostener que Guzmán no tenía jurisdicción, a partir del fallo anterior con que la Corte Suprema sobreseyó a Pinochet del caso por los 75 crímenes de la Caravana de la muerte. Sostienen que el motivo alegado, la supuesta incapacidad procesal del imputado no permite declarar la falta de jurisdicción.
También la cuarta sala rechazó el recurso porque las condiciones para el procesamiento ‘se presentan cumplidas’, en lo que constituye un fuerte espaldarazo al juez Guzmán. Estas son: notificar al imputado del procedimiento que lo afecta; otorgarle un plazo razonable para comparecer y exponer sus derechos; permitirle presentar medios de prueba de sus asertos (afirmaciones); que ‘sea un tribunal imparcial (…) el que reciba las pruebas y juzgue en definitiva el caso, dictando su sentencia en un plazo razonable’, y que exista la posibilidad de revisión de lo fallado, por un tribunal superior, igualmente imparcial.
