31 de marzo de 2004.
Dallas, (Notimex).- El gobernador de Texas, Rick Perry, rechazó hoy acatar el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda, en el que ordena revisar los casos de mexicanos condenados a la pena de muerte en Estados Unidos.
"La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción en Texas", dijo Perry en una declaración emitida a Notimex a través de su encargado de prensa, Robert Black.
La CIJ, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, ordenó este miércoles a Estados Unidos la revisión de las sentencias de pena de muerte dictada contra 51 mexicanos en ese país, 16 de los cuales se encuentran en cárceles de Texas.
En su fallo, la corte señalo que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena de 1963 al no ofrecer a los mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho a asistencia diplomática "sin retraso" tras su detención.
Perry dijo respetar las instancias internacionales, pero aclaró que la CIJ carece de autoridad para prohibir a Texas el ejercitar la ley aprobada por sus legisladores. "El fallo de la corte no cambia nada", aseveró.
"Como gobernador la única voluntad que estoy obligado a acatar es la de los ciudadanos de Texas", dijo al reiterar que en los casos de pena de muerte solo se acatarán las leyes estatales y las decisiones de las cortes estadunidenses.
Los declaraciones del gobernador fueron emitidas después que la Oficina del Procurador General de Texas emitiera una reacción inicial al dictamen de la CIJ en la que solo informaba que esa dependencia se había puesto en contacto con el Departamento de Estado "para solicitarle su interpretación" sobre el fallo.
Perry ha advertido en ocasiones anteriores que los ciudadanos mexicanos que vengan a Texas no deben esperar recibir un trato especial en esta entidad. "Ellos deben saber que nosotros no vamos, bajo ninguna circunstancia, a tratarlos diferentes que a uno de nuestros propios ciudadanos o alguien de Oklahoma o de Canadá".
Texas es la entidad estadunidense que más utiliza la pena de muerte, al haber ejecutado a 321 reos desde que reactivó el castigo capital en 1982.
Unos 452 prisioneros -16 de ellos mexicanos- están sentenciados a la pena máxima y esperan ser ejecutados en esta entidad.
El frecuente uso de la pena capital le ha valido a Texas continuas críticas por parte de organismos de derechos humanos y lo ha confrontado con varios gobiernos extranjeros, entre ellos México, Alemania y Paraguay. La última de estas confrontaciones se presentó en agosto de 2002 al ser ejecutado el reo mexicano Javier Suárez Medina a pesar de múltiples peticiones de clemencia emitidas por las autoridades de México.
El presidente mexicano Vicente Fox decidió como consecuencia de la ejecución del connacional, suspender una visita que tenía programada a Texas para esas fechas.
