Exigen $400 de cuota en Secundaria Benito Juárez
La Secretaría de Educación del Estado y la Asociación Estatal de Padres de Familia se deslindan de cualquier responsabilidad en el condicionamiento de inscripción de alumnos en las escuelas, al pago de cuotas económicas supuestamente destinadas al mantenimiento de los edificios escolares.
Tanto la Secretaría de Educación como la Asociación de Padres de Familia advierten que no permitirán irregularidades, al recordar que la ?educación que imparta el Estado deberá ser gratuita?.
El Siglo de Durango recibió llamadas telefónicas por parte de padres de familia inconformes con la obligación de pagar una determinada cuota económica, como un requisito para poder inscribir a sus hijos por primera vez, o al siguiente ciclo escolar.
Además, en el caso de la Secundaria Benito Juárez, la molestia de los denunciantes es por considerar que 400 pesos es un monto elevado y resulta difícil para algunas familias poder cubrir tal cantidad en una sola emisión, como se les exige para que registren a sus hijos como alumnos de la institución.
Adrián Laveaga Hernández, titular de la Secretaría de Educación del Estado, fue lacónico en sus comentarios sobre las quejas que desde ahora se manifiestan en contra del condicionamiento que se aplica en algunas escuelas, al exigir el pago de una ?cooperación económica? para inscribir a los alumnos.
?La Secretaría de Educación no condiciona la inscripción de los alumnos en las escuelas de educación básica; las cuotas de cooperación voluntaria las fijan los mismos padres de familia de común acuerdo entre ellos, con la finalidad de mejorar las instalaciones escolares y contar con mobiliario y materiales didácticos que enriquezcan la práctica educativa?, señaló el funcionario.
Y agregó que como lo señala el artículo tercero constitucional, la educación que imparta el Estado deberá ser gratuita; ?sin embargo, los padres de familia, conscientes de que su colaboración hará más eficiente el proceso de enseñanza aprendizaje, podrán participar con sus escuelas y agruparse en asociaciones escolares para dotar a sus instituciones de mejor mobiliario y materiales, al margen de los que el Gobierno del Estado les asigne?.
Según Adrián Laveaga, la participación social en la educación contempla que se involucren de manera activa todos los actores del sector educativo, que incluye a los padres de familia, autoridades y sociedad en general.
Por su parte, el dirigente estatal de paterfamilias, Heriberto Cardoza Carrera, aclaró que cuando hay un condicionamiento en la inscripción de alumnos a determinadas escuelas, con el pago de cuotas económicas para el mantenimiento de los edificios escolares y la operación del servicio educativo en sí, es responsabilidad total de los directores de las instituciones, y no de los padres de familia.
Las asociaciones de padres de familia de cada escuela, efectivamente, acuerdan aportar determinada cantidad de dinero para coadyuvar en el mantenimiento a los edificios escolares, así como para que haya una mayor eficiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje; pero de acuerdo con el reglamento, no se puede condicionar el pago de la cuota a la inscripción de los alumnos.
Dijo que en el caso de las asociaciones de padres de familia se les recomienda realizar el cobro de la cuota, aparte del proceso de inscripción, de tal manera que no haya condicionamiento de ninguna especie. No obstante, afirmó que los paterfamilias que siempre se inconforman son los que tienen más posibilidades económicas de aportar el monto que se fijó.
De no generarse tal colaboración, a las autoridades les sería imposible atender los requerimientos de los más de seis mil 500 planteles escolares en la entidad. Inclusive, los padres de familia contribuyen con el doble de dinero que destina la SEED para el mantenimiento de la infraestructura educativa.
Y si los directivos y maestros son los que realizan el proceso de inscripción, ellos son los únicos responsables de condicionar el ingreso de un determinado alumno, en caso de que así suceda; por lo que de darse tal irregularidad, es la Secretaría de Educación la que debe poner orden y sancionar, en su caso, a los directores que incurran en ello.
Por lo que se refiere a la administración de las cuotas económicas voluntarias, dijo que cada vez la fiscalización es más estricta, y que se responsabiliza, incluso, también al director de la escuela, además del presidente y tesorero de la respectiva asociación de padres de familia.
Dijo que en las auditorías que se han realizado se ha detectado que parte del dinero recabado se destina para adquirir papelería que exigen los maestros, y que en cada inicio de ciclo lectivo hasta los gises se les compran porque las autoridades no los proporcionan, y los mentores se niegan a llevarlos, aun cuando es una herramienta de trabajo.
Se recomienda que la mayor parte de los recursos que se recaudan por las aportaciones de los padres de familia se usen para llevar a cabo labores de mantenimiento a los edificios, o para renovar mobiliario, de tal manera que el destino justifique la colaboración económica de la sociedad.
Otra de las sugerencias a las asociaciones es disminuir montos altos, como en el caso de la Secundaria Benito Juárez, que cobra 400 pesos de cuota de inscripción, lo cual le representa más de 400 mil pesos de recaudación.
INTERVENCIÓN
Carecen diputados de facultades
El presidente de la Comisión de Educación de la LXII Legislatura local, diputado Gabino Rutiaga Fierro, aclaró que como legisladores no tienen facultades para intervenir en las denuncias que se presenten por parte de padres de familia inconformes por supuestos condicionamientos en la inscripción de sus hijos a las escuelas.
Señaló que solamente a petición expresa podrían coadyuvar a realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades educativas, ya que recordó que la educación debe ser gratuita, por lo que no deberá exigirse el pago de cuotas económicas para permitir el ingreso de los alumnos a las instituciones.
