Benito Ortega Hernández | El Siglo de Durango
Con el voto en contra de los ocho integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, no se logró sumar la mayoría calificada (dos terceras partes) del pleno de diputados que integran la LXII legislatura local, por lo que ayer se desechó de nueva cuenta, la segunda propuesta de la terna enviada por el Ejecutivo estatal para integrar la Comisión de la Ley de Acceso a la Información Pública
Ello implica la designación de una tercera fórmula, que también tendrá que pasar por el filtro del Poder Legislativo para su aprobación o rectificación en su caso.
Un factor que evitó alcanzar la mayoría calificada (17 diputados a favor) de los legisladores para aprobar la designación de la terna enviada por el Ejecutivo estatal fue la ausencia del priista René Carreón Gómez, a quien inclusive se dijo trató de localizársele infructuosamente. Del grupo parlamentario del PRI, fueron 11; dos del PT, dos del PRD (Francisco Garza desertó del PRI y se unió al perredista) y uno del PD, lo que sumó 16.
Desde el inicio de la sesión ordinaria de ayer viernes, se vislumbró la controversia entre los legisladores para aprobar el dictamen presentado por la comisión legislativa de Gobernación, para ratificar a los integrantes de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, designados por el Ejecutivo a propuesta de los colegios de profesionistas, ya que se decretó un receso de dos horas (que al final fueron dos horas con 35 minutos).
Se destinó ese tiempo para intentar consensuar la aprobación del dictamen, ya que la fracción panista expresó su rechazo, en principio por no haberse dado un proceso transparente para conformar la ?recomendación? enviada por el Gobernador, y posteriormente, al considerar que ninguno de los tres profesionistas nombrados como propietarios cumplían con los requisitos que establece la normatividad en la materia.
Inclusive, el receso fue aprovechado por los diputados de Acción Nacional para entrevistarse con el secretario general de Gobierno, José Miguel Castro Carrillo, con el fin de exponerle sus argumentos de rechazo a la terna propuesta, y tratar de que hubiera una reposición de la fórmula, o al menos la del nombramiento del presidente de la Barra de Abogados, Juan Francisco Vázquez Novoa. Sin embargo, fue infructuosa su gestión y regresaron al recinto parlamentario con la misma postura de votar en contra.
Durante el tiempo que se suspendió la sesión, todos los integrantes del grupo parlamentario del PRI, inclusive el coordinador y presidente de la Gran Comisión, Octaviano Rendón Arce, permanecieron en el Congreso del Estado, en espera del regreso de los panistas, que regresaron ?con las manos vacías? de sus gestiones con el Ejecutivo estatal.
Al reiniciarse la sesión, en la discusión del dictamen en lo general, todavía el diputado del Partido del Trabajo Alfonso Mercado solicitó a los panistas recapacitar sobre la responsabilidad de echar atrás de nueva cuenta la propuesta del Ejecutivo y enviar señales negativas a la sociedad, bajo la consideración de que la próxima ocasión, solamente con el voto de la mayoría absoluta de los legisladores ( 13), se podría ratificar la fórmula designada.
La votación del dictamen en lo general registró 16 a favor y ocho en contra, con lo cual se aprobó, ya que, según se aclaró, la mayoría calificada solamente se requería para avalar o no por cédula a las personas designadas.
Inclusive, el presidente de la mesa directiva, Juan Manuel Félix León, tuvo que decretar un nuevo receso de cinco minutos, porque el petista Alfonso Mercado proponía que ya no tenía caso votar en lo particular por cada uno de los cinco artículos. Sin embargo, luego de analizarlo de manera conjunta, se decidió hacerlo.
El artículo primero, que proponía la designación de Alma Rosa Solís Ríos y Flor Estrella Salás Hernández, como comisionadas, propietaria y suplente, respectivamente, por un periodo de siete año, recibió ocho votos en contra y 16 a favor. La mayoría calificada de 17 no se alcanzó, por lo que fue desechado.
En el segundo, con Soraya Carrillo Hernández y Jesús Valles Verdín, comisionados propietario y suplente propuestos para durar seis años, también se registró la misma cantidad de votos, por lo que se desechó.
El argumento que presentó el PAN en ambos casos fue que incumplían con el requisito de no ser funcionarias públicas. Según los diputados del blanquiazul, el tener cargos directivos en la Universidad Juárez las clasificaba como tales. Fue aquí donde se generó un debate: los prisitas, en voz de Octaviano Rendón y el perredista Rafael Palacios, argumentaron que la Universidad no era un ente de la administración pública estatal, al tener autonomía un decisiones propias en su estructura.
En el caso de la propuesta de Juan Francisco Vázquez Novoa y Saúl Sarmiento Carrasco, propietario y suplente para cinco años, fueron 12 votos en contra y 12 a favor. Al rechazo, de los panistas se sumaron los dos petistas y los dos perredistas. El argumento fue que el Presidente de la Barra de Abogados ya participó en una campaña del PRI, aun cuando no fuera como dirigente, ya no habría garantía de que tendría una actuación imparcial en el cargo.
Fue un largo debate en que se enfrascaron los legisladores que votaron a favor y en contra del dictamen, enfocándose a que si las dos primeras propuestas propietarias son o no funcionarias públicas al tener cargos directivos académicos en facultades de la UJED, además de que supuestamente no hubo transparencia en las propuestas que recibiera el Ejecutivo estatal de los colegios de profesionistas.
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Una tercera designación de comisionados
De acuerdo con las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, el Ejecutivo estatal tendrá un plazo de cinco días naturales para enviar una nueva designación de comisionados propietarios y suplentes, al Congreso del Estado, para su ratificación o rechazo.
La fórmula propuesta deberá ser ratificada por mayoría absoluta de la legislatura, lo que significa 13 votos favorables, de los 25 integrantes de la legislatura. Según los panistas, el grupo parlamentario del PRI podría verse en problemas, por la deserción de Francisco Garza Espino, ya que solamente serían 12, y tendrían que recurrir a legisladores de otros partidos para la aprobación, en los cinco días naturales posteriores a que se reciba la relación del Gobernador.
