ACTOS| REALIZÓ CONDUCTAS ILÍCITAS MEDIANTE EL USO DEL SISTEMA FINANCIERO
Aporta el MP pruebas para iniciar proceso penal contra el ex funcionario
SUN-AEE
MÉXICO, DF.- Aporta MP elementos probatorios para que se inicie proceso penal contra el ex funcionario del DF por presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
El juzgado cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Segundo Circuito dictó un nuevo auto de formal prisión contra el ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez.
Según la causa penal 94/2004, el Ministerio Público Federal aportó los elementos probatorios suficientes para que el juzgado iniciara un proceso penal contra el ex funcionario por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juzgado 15 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en el Distrito Federal, emitió el exhorto 238/2004, que señala que a Gustavo Ponce se le resolviera su situación jurídica por el referido delito.
Mediante un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR), se especifica que el juez determinó que el ex funcionario, utilizando el sistema financiero, realizó conductas delictivas.
Estas consistieron en adquirir, cambiar, transferir y depositar en el territorio nacional y hacia el extranjero recursos, en pesos y en dólares, por un monto aproximado de 30 millones 600 mil pesos.
Gustavo Ponce hizo esas transacciones con pleno conocimiento de que procedían o representaban el producto de sus actividades delictivas y con el propósito de ocultar su origen ilícito, señalaron las pesquisas.
El primero de septiembre de 2004, en autos de la causa penal 226/2004, el juzgador libró orden de aprehensión contra Gustavo Ponce, que elementos de la Agencia Federal de Investigación cumplieron el 22 de octubre pasado en el Distrito Federal.
Como resultado de esta acción, el ex funcionario fue internado en el Centro de Readaptación Social número Uno ?La Palma?, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición del juez 15 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
Eso en virtud de que dicho juzgado se declaró competente para conocer de la causa penal 94/2004-II, presentada el 20 de septiembre de 2004.
El 23 de octubre de 2004, el juez cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, tuvo por recibido el exhorto 123/2004-II del índice del Juzgado 15 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
Asimismo recibió la causa penal 94/2004-II y un cuaderno de una orden de aprehensión, donde se le solicitó que se resolviera la situación jurídica de Gustavo Ponce por lavado de dinero.
?Mi tarea en el GDF era sólo pagar?
La Ley no faculta ni exige a la Secretaría de Finanzas a que, antes de proceder a la entrega de un pago, verifique que corresponda a bienes o servicios recibidos en calidad, cantidad y tiempo, alega Gustavo Ponce Meléndez en documentos sobre su defensa legal.
Con ello, el ex tesorero del Gobierno del Distrito Federal responsabilizó exclusivamente a la delegación Gustavo A. Madero y a su hoy prófugo ex titular, Octavio Flores Millán, de los pagos ilegales por más de 30 millones de pesos hechos a las empresas de Carlos Ahumada Kurtz.
Los documentos cobrables que se presentaron ante la Secretaría de Finanzas para hacer los pagos fueron autorizados por funcionarios designados directamente por Flores Millán, asegura Ponce.
Ningún funcionario de la dependencia a su cargo tuvo que ver en la liberación de los recursos, pues su trabajo es sólo revisar la disponibilidad de fondos y el requisitado del formato respectivo.
Además, la orden de no tramitar el pago de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) del numeral 02-CD-07-05959 al 02CD-07-05976, fue recibida tardíamente, explica.
Ponce enfrenta un proceso legal por fraude genérico y otro por lavado de dinero.
Por otro lado, señalan que cuando Gustavo Ponce estaba a punto de convertirse en el tesorero de la capital, era un retraído subsecretario de Egresos del Gobierno del DF con un divorcio a cuestas y una afición crónica por los juegos de azar.
Esperanza González Ocampo, por su parte, era una edecán estilizada que trabajaba para el empresario Ahumada.
Carlos Ahumada conocía las habilidades y flaquezas de ambos y las utilizó para apuntalarse como el empresario más acaudalado e influyente del Gobierno de la ciudad.
Él los acercó y financió su boda en una hacienda del Estado de Morelos, a la que asistieron políticos como Federico Döring, Bertha Elena Luján, Thalía Lagunas y Clara Jusidman; algunos firmaron como testigos.
RESPONSABILIZA A FLORES MILLÁN DE FRAUDE
El ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, responsabilizó exclusivamente a la delegación Gustavo A. Madero y a su hoy prófugo ex titular Octavio Flores Millán, de los pagos ilegales hechos por más de 30 millones de pesos a las empresas de Carlos Ahumada Kurtz.
Normativa y jurídicamente aseguró el ahora prófugo Flores Millán y la delegación a su cargo estaban obligados a supervisar la conclusión y entrega de obras, autorizar y vigilar los pagos.
La ley no faculta ni exige a la Secretaría de Finanzas a que, antes de proceder a la ?ministración? de un pago autorizado por una delegación, verifique que corresponda a bienes o servicios recibidos en calidad, cantidad y tiempo. Hacerlo, dijo, sería física y materialmente imposible.
Cada año, el Gobierno del Distrito Federal ejerce alrededor de 70 mil millones de pesos a través de aproximadamente 150 mil Cuentas por Liquidar Certificadas, que corresponden al pago de un sinnúmero de bienes y servicios, asentó.
?Si antes de proceder a ministrar los recursos de cada Cuenta por Liquidar Certificada, la Secretaría de Finanzas tuviera que verificar la completa legalidad de dicho pago, se paralizaría totalmente el Gobierno de la ciudad de México?, asegura el ex funcionario dentro de documentos y que conforman la parte medular de su estrategia legal para enfrentar el delito de fraude genérico que se le imputa y por el se desencadenó la persecución penal en su contra.
Según el escrito de Ponce Meléndez, los empleados de la dependencia que estuvo a su cargo que, en su caso, hayan intervenido en los trámites que llevó a cabo la delegación Gustavo A. Madero para obtener las ministración de los recursos objeto de la acusación, no tenían la obligación legal de verificar que no se tratara de un fraude o de alguna otra irregularidad.
Ponce Meléndez fue exhibido en marzo pasado en un video apostando en el casino del hotel Bellagio de Las Vegas, y a partir de ello se le comenzó a acusar públicamente. Con el caso de Ponce Meléndez comenzó una serie de escándalos de presunta corrupción de funcionarios y personajes ligados al Gobierno del Distrito Federal y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que causó una de las mayores crisis de corrupción y credibilidad política en ambos.
Así, fue detenido el nueve de octubre en Tepoztlán, Morelos, y desde ese día permanece internado en el penal de máxima seguridad de La Palma, en el Estado de México. Hasta ahora, se le han iniciados dos juicios penales por lavado de dinero y será el cuatro de noviembre cuando podría resolverse el amparo que interpuso contra la orden de aprehensión por fraude genérico.
