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MÉXICO, DF.- La fracción del PRI en el Senado pidió que el Ejecutivo federal instrumente programas de subsidio a las tarifas de consumo residencial de energía eléctrica, ante la proximidad de la temporada veraniega y evitar poner en riesgo la salud de niños, ancianos y de familias de menores ingresos que habitan en zonas con altas temperaturas.
Además, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandaron al Ejecutivo modificar los rangos tarifarios para el cobro de energía eléctrica, en las regiones que cada año enfrentan temperaturas extremas de más de 40 grados centígrados.
Las demandas de la bancada priista son analizadas en la Comisión de Energía del Senado, luego de que el senador Roberto Pérez de Alva Blanco propuso el pasado primero de abril un Punto de Acuerdo para que esa Cámara intervenga en lo que representa “un problema social” recurrente.
“El problema sigue vigente y todo parece indicar que las medidas de reducción del monto de subsidios tarifario y de cambios de rango de consumo que se dieron en el año 2002, aunados al incremento tarifario progresivo, harán de nueva cuenta que las familias de las clases populares vuelvan a sentir el fantasma y la disyuntiva moral y humanamente inaceptable de comer o pagar la luz”, dijo el senador Pérez de Alva.
Lamentó que el Ejecutivo sólo haya implementado hasta ahora “paliativos menores para un problema de grandes dimensiones”.
Insistió en que regiones como Mexicali, San Luis Río Colorado, Hermosillo, Culiacán, Mazatlán, Ojinaga, Tapachula, La Paz, Villahermosa, Matamoros, Tepic, Ciudad Valles, Mérida, entre otras, el alto consumo de energía eléctrica “no es un lujo, sino una necesidad de sobrevivencia”.
No emplear esa energía, dijo, pone en riesgo la propia vida, sobre todo de niños y ancianos. Por ello y con el respaldo de la bancada del PRI, el senador Pérez de Alva pidió la intervención del Senado de la República para demandar al Ejecutivo federal programas de subsidio al consumo residencial de electricidad, y que se integre una comisión de legisladores y autoridades federales para avanzar a un esquema de transferencia y reclasificación de tarifas.