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MEXICO, DF.- Por primera vez en su historia, México deberá comparecer ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Alfonso Martín del Campo Dood, quien hace doce años fue detenido de manera arbitraria y torturado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Este caso llegó a la Corte porque México incumplió con las recomendaciones que le hizo en octubre del 2002 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH): liberar a Martín del Campo -que permanece detenido desde 1992-, revisar el proceso judicial en su contra y reparar el daño a la víctima.
Alfonso Martín del Campo fue detenido por agentes de la Policía Judicial del DF el 29 de mayo de 1992 y, bajo tortura, fue obligado a declarara culpable del homicidio de su hermana y de su cuñado, motivo por el cual fue sentenciado a 50 años de prisión.
La CIDH al analizar las pruebas presentadas por el gobierno de México consideró que el Estado violó los derechos humanos de la víctima y no hizo nada para remediarlo.
Por ello, el próximo martes México deberá comparecer ante la Corte Interamericana y atender un proceso que durará alrededor de seis meses, informó Arturo Requesens, abogado de la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT).
En conferencia de prensa, explicó que la familia de Martín del Campo presentó las denuncias correspondientes, pero al no obtener ninguna respuesta ACAT llevó el caso ante la CIDH, órgano que lo admitió el 10 de octubre del 2001.
El sistema interamericano de los derechos humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), está compuesto por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
En la primera instancia los organismos civiles y ciudadanos en lo particular pueden presentar sus denuncias al haber agotado todas las instancias nacionales. Una vez que la CIDH los admite, llama a comparecer a los involucrados y luego del análisis de las pruebas, emite una serie de recomendaciones al Estado.
De no cumplirse éstas, la CIDH lleva los casos ante la Corte, instancia que juzga la actuación del gobierno y emite una sentencia que México deberá atender debido a que forma parte de la OEA.
