Propone el Banco de México revisar el gasto público del país para eficientar la economía y orientar recursos para abatir la pobreza.
18 de octubre 2004.
México, (EFE).- El informe del Banco Mundial (BM) "Revisión del gasto público", dado a conocer al público hoy, sostiene que el gasto fiscal en México "podría ser más eficiente y orientarse más a los pobres".
Sin embargo, según la institución multilateral, las rigideces en su distribución así como las amenazas que representan los pasivos de pensiones y la necesidad de más recursos lo impiden.
"Ahí necesariamente van a tener que haber reformas para los trabajadores del Estado, tanto en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como de los sistemas pensionarios de las paraestatales", afirmó el investigador John Scott, al presentar el estudio.
Si no hay cambios "claramente no va a ser sostenible ese nivel de deuda fiscal", advirtió el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica de México (CIDE).
Según datos oficiales, la deuda por el pago de pensiones asciende al 116 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y constituye la presión más fuerte sobre las finanzas públicas.
El estudio señala que los sindicatos, que describió como "poderosos intereses creados", se han "adueñado de partes importantes del gasto (...) que se convierten en rubros rígidos difíciles de reasignar".
"Los sindicatos son tal vez la parte más inercial del antiguo régimen. Esa parte no se cambia simplemente con la alternancia partidista", comentó Scott.
"Esa parte requiere reformas mucho más difíciles de llevar a cabo y sin duda va a ser el reto para los próximos gobiernos", añadió.
Otro sector en el que el Banco Mundial recomendó reformas es en el fiscal para incrementar la base de recaudación y los recursos obtenidos vía impuestos, que en México alcanzan apenas a alrededor del 12 por ciento del PIB, una de las tasas más bajas de Latinoamérica.
"El gasto público en México podría ser más eficiente y orientarse más a los pobres a través de una redistribución de los programas existentes o a partir de recursos más cuantiosos provenientes de una reforma fiscal", señala el informe.
Otro escollo que detectó el estudio en el gasto fiscal mexicano son los subsidios al agua y la electricidad, que no cumplen su cometido de beneficiar a los más pobres y, en la práctica, favorecen a los más ricos.
A ello se suma que más de la mitad del presupuesto se destina a "obligaciones impostergables", como el servicio de la deuda, los sueldos del personal y las transferencias para los estados.
En ese marco, el 42 por ciento del gasto del gobierno central corresponde a transferencias a los estados, mientras que otro 33 por ciento está enfocado en programas sociales.
El BM destaca que se ha avanzado en la redistribución del gasto público mediante este tipo de programas (Oportunidades y Procampo), que han permitido mejorar el acceso a la salud y la educación básica de los mexicanos más pobres.
Sin embargo, todavía falta avanzar en su acceso a la educación secundaria y superior, mejorar la inversión pública (estancada en los últimos años), mejorar el acceso y rendición de cuentas, así como una administración transparente y basada en resultados y terminar con las rigideces en el gasto.
El informe fue elaborado por un grupo de expertos dirigidos por el economista líder de la Oficina de Política Económica para Latinoamérica del BM, Steven Webb.
