Notimex
MÉXICO, DF.- Ante las posibles irregularidades en el manejo de recursos por parte del Comité Nacional Provida, se recomendó a la Secretaría de Salud que analice la posibilidad de iniciar un procedimiento legal en tribunales contra miembros de esa asociación civil y servidores públicos para la devolución del dinero que pudieron ser mal utilizados, cuyo monto aún no se ha determinado.
Este es el resultado de la auditoría practicada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que a través de un comunicado indicó que de la revisión en el manejo de recursos por parte de Provida, “se desprenden probables irregularidades en la comprobación de gastos”.
Los conceptos en los que se detectaron inconsistencias fue en materia de gastos en publicidad, mobiliario y equipo médico, de material didáctico y cursos de capacitación, así como en la ayuda con medicamentos y atención médica.
Otras de las anomalías encontradas consisten en que Provida aplicó recursos no considerados dentro del proyecto y el convenio de colaboración con esta asociación civil. Además de que se encontró documentación que fue presentada que no corresponden a los Centros de Ayuda para la Mujer, administrados por la asociación civil, abiertos en 2003, contraviniendo el convenio con la Secretaría de Salud.
Por ello, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial (DGRSP), de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, examinará los resultados de la auditoría “y precisará legalmente el monto de los recursos públicos que podrían haber sido utilizadas de forma incorrecta”.
También la SFP decidirá sobre las posibles responsabilidades en que incurrieron tanto funcionarios públicos como miembros de Provida; asimismo, se cuantificará el posible daño patrimonial ocasionado por estas irregularidades.
En tanto, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, recomendó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa dependencia, que “examine la posibilidad de iniciar un procedimiento legal en tribunales ordinarios federales para reclamar la devolución de los recursos que pudieran haber sido utilizados de manera incorrecta, así como el cabal cumplimiento del convenio”.
En su comunicado la SFP precisa que a todos los implicados en estas irregularidades se les concederá el derecho de audiencia, por lo en este momento sus nombres no pueden ser dados a conocer públicamente.
