El Partido Acción Nacional ha presentado, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional que busca restablecer el derecho de los ciudadanos a reelegir a sus representantes, si así lo desean, removiendo con ello la antidemocrática cláusula de no-reelección para el período inmediato posterior que fue introducida a la Constitución en 1933, a iniciativa del Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI. Esta es la reforma más importante que podría hacérsele al sistema político mexicano y la que mayores beneficios políticos le reportaría al ciudadano.
Por desgracia, en nuestra cultura política se ha venido propagando, desde hace décadas, la errónea idea de que la cláusula de no-reelección era uno de los pocos rasgos democráticos del viejo sistema autoritario, cuando la verdad es lo opuesto: la posibilidad de reelegir o no reelegir a los representantes es un instrumento político que fortalece a los ciudadanos, no a los representantes. La posibilidad de ser reelecto coloca las aspiraciones y las ambiciones de los políticos de elección popular en manos de los electores; la no-reelección las coloca en manos de los dirigentes partidarios.
Por eso, precisamente, el PNR, precedente del PRI, estableció la no-reelección; por eso todas las democracias del mundo, menos la tica, permiten la reelección inmediata de sus legisladores.
La posibilidad de otorgarle la reelección a un diputado o a un senador viene acompañada, en todas las democracias del mundo, con la posibilidad de no otorgarla. Se reelige a quienes sirven bien los intereses ciudadanos; se rechaza a quien no lo hace o a quien enfrenta un oponente que los ciudadanos prefieren.
Bajo este esquema, los representantes tienen que orientar sus actos y sus votaciones tomando siempre en cuenta que pronto volverán a pedir el voto de sus electores. Por eso, los políticos ambiciosos que desean reelegirse piensan constantemente en la opinión que sus actos suscitan entre sus electores. De esta manera, la posibilidad de reelegirse hace que las aspiraciones de los políticos ambiciosos dependan de la voluntad de sus electores futuros, que son básicamente los mismos que lo eligieron. En cambio, bajo el esquema de la no-reelección, los representantes piensan todo el tiempo en convertirse pronto en cualquier otra cosa menos lo que son, pues la Ley se los impide.
La cláusula de no-reelección cercena de tajo el vínculo que une las aspiraciones de los políticos con la opinión de los electores. Bajo las condiciones normales de una democracia, en la cual la reelección es una opción disponible para los electores y un estímulo para los políticos que hagan bien su trabajo, los diputados tratan de seguirlo siendo tanto tiempo como sea posible; bajo las reglas autoritarias de la no-reelección los políticos miran hacia sus burocracias partidarias, que son las que determinan hacia qué puesto, distinto al que sus electores le dieron, podrán dirigir sus aspiraciones.
Vale la pena señalar, sin embargo, que en pocos temas como en éste hay tanta diferencia entre la opinión de los sectores ilustrados de la población y la opinión popular. En el medio académico existe un acuerdo casi unánime sobre las virtudes de la reelección en los sistemas democráticos y sobre los nocivos efectos que su prohibición le han acarreado a nuestra democracia. Y es que casi todo mundo en la academia sabe que la no-reelección es la principal causa del amateurismo de nuestros legisladores y del dispendio de programas y recursos en los ayuntamientos de México.
Sin embargo, entre la población mexicana la idea de la no-reelección como una virtud de nuestro sistema político está fuertemente arraigada. Las últimas encuestas lo muestran con claridad. Pero también indican que la población parece estar dispuesta a modificar sus respuestas cuando se le plantean relacionadas con los beneficios que la reelección tiene asociados. Creo que en un asunto de esta trascendencia, los formadores de opinión deben incorporarse al debate sobre el tema y que deben contribuir a que ese debate se vaya dando, cada día más vigorosamente. La gente, estoy seguro, puede perfectamente entender la trascendencia del tema si se le explica debidamente.
La iniciativa panista tiene muchos antecedentes en la historia política mexicana, pues legisladores de casi todos los partidos, incluyendo al PRI, han presentado propuestas similares a la actual. En 1964 estuvo a punto de prosperar una iniciativa presentada por Vicente Lombardo Toledano, dirigente del extinto Partido Popular Socialista. La iniciativa se apoyó en la Cámara de Diputados, con el apoyo del propio PRI y el PAN, encabezado entonces por Adolfo Christlieb Ibarrola. Lamentablemente, los reflejos autoritarios del PRI despertaron en el Senado y mandaron a la congeladora la minuta de Ley previamente aprobada por los diputados. ¿Qué puede hacer pensar, entonces, que esta vez sí será posible lograr una reforma tan relevante como ésta? Quizá sólo el que los tiempos han cambiado. El autoritarismo del pasado ya no debe seguir lastrando el desarrollo político de México, imponiendo fórmulas ineficientes y antidemocráticas. La democracia mexicana debe tener la eficacia que se requiere. Para ir hacia allá, pocas acciones tendrían la eficacia de restablecer la posibilidad de que los representantes populares se reelijan para el período inmediato posterior, dependiendo de la voluntad del electorado, en vez de brincar de puesto en puesto, dependiendo de la voluntad de las burocracias y de los dirigentes partidarios.
El paso del sufragio efectivo a la democracia eficaz pasa por este tema. La jornada electoral, cuando la continuidad en el cargo de un representante es una posibilidad, es el momento por excelencia del juicio de los ciudadanos sobre sus representantes. Ese juicio ciudadano a sus autoridades en elecciones libres es un pilar fundamental de las modernas democracias. Es el conocido principio de rendición de cuentas al que debe sujetarse todo gobernante y del que está ayuno el Poder Legislativo mexicano.
