“El clamor popular no apunta a una
reforma judicial sino a la derrota de
la impunidad”. Sergio García Ramírez
Una cosa por lo menos me ha quedado clara: la solución al problema de la delincuencia, que tanto reclama la sociedad, no está en la reforma a la Constitución. Y, sin embargo, ésta es precisamente la reforma que ha propuesto el Gobierno del presidente Vicente Fox como respuesta a la demanda ciudadana para acabar con la inseguridad pública.
Ayer tuve la oportunidad de moderar dos mesas redondas en el seminario sobre reforma de justicia penal y seguridad pública que organizaron el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y TV Azteca. Participaron algunos de los juristas y legisladores más importantes de nuestro país. Sus puntos de vista sobre la ambiciosa iniciativa de Reforma Judicial del presidente Fox fueron, como podría uno suponer, contrastantes. Pero si en un punto hubo unanimidad fue en apuntar, en las palabras del doctor Jesús Zamora Pierce de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que “la solución a la delincuencia no está en la reforma de la Constitución”.
El senador priista Manuel Bartlett expresó esta posición en otras palabras: “La inseguridad no es un problema de la Ley sino de la falta de aplicación de la Ley.” Hay leyes suficientes para enfrentar la mayoría de los problemas que genera la delincuencia; el problema es que no se aplican.
El ex procurador general de la República y actual presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, señaló que en la propuesta presidencial hay elementos positivos, como puede ser el fortalecimiento de la autonomía del ministerio público o el establecer un sistema de advenimiento entre las partes que reemplace a los juicios en ciertos casos de delitos no graves, pero otros que resultan inquietantes, como el “recorte de garantías en el caso de la delincuencia organizada”.
Varios de los participantes se quejaron de que la reforma parece haber sido realizada sin consultar con los especialistas o sin conocer o comprender las experiencias del pasado. Por ejemplo, para la presunción de inocencia, según el maestro Zamora Pierce, se está proponiendo una nueva modificación al artículo 20 de la Constitución sin considerar que el 14 ya incluye la garantía de juicio previo que es equivalente. El artículo 20, señala, se ha modificado en promedio una vez cada tres años y no siempre las nuevas redacciones han sido mejores que las anteriores. En 1993, por ejemplo, el texto incluyó el concepto de que la garantía caucional tenía el propósito de garantizar la reparación a la víctima, pero para el 96 ese justo reconocimiento a los derechos de la víctima había sido ya eliminado. En la actual propuesta del presidente Fox no se recupera ese concepto.
El doctor Moisés Moreno Hernández, del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, señaló que aunque la reforma del presidente Fox, que incluye la sustitución de la actual procuraduría general por una fiscalía, busca la autonomía del ministerio público, ésta no resuelve los problemas de la inseguridad. De hecho, recordó que desde 1994 los ministerios públicos son nominalmente autónomos. Y subrayó un punto de crucial importancia: que no hay que confundir la independencia con la autonomía. También la senadora Martha Tamayo del PRI sugirió que más que buscar autonomía, lo cual podría significar la renuncia del Ejecutivo a una responsabilidad fundamental, lo que se debe procurar es la independencia y la profesionalización del ministerio público.También sobre la profesionalización bordó el investigador emérito de la UNAM Héctor Fix-Zamudio. Apuntó que en la iniciativa del presidente Fox se contempla la creación de un Consejo de la Fiscalía que puede ser clave para la creación de una carrera ministerial como lo ha sido el Consejo de la Judicatura en el caso de la profesionalización del sistema judicial. Actualmente el ministerio público no hace estudios especializados en investigación criminal: no está preparado para las funciones que va a tener.
Si un punto se reiteró ayer fue que para combatir la delincuencia no se requiere una reforma constitucional sino la mejora de los instrumentos de seguridad pública y procuración de justicia con los que ya se cuenta. Pero si lo que se quiere es una reforma de la Constitución, entonces es necesario recurrir a los grandes juristas de nuestro país que los hay.
Juicios públicos
¿Y qué pasa con la propuesta de hacer públicos los juicios en un país en el que éstos se llevan a cabo en secreto? Ya el actual artículo 20, fracción VI, de la Constitución establece que en todo juicio criminal el acusado “será juzgado en audiencia pública”. Quizá es cierto que, más que hacer nuevas leyes, hay que cumplir las que ya existen.
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