“La reforma óptima es la reforma imposible.”
Jesús Silva-Herzog Márquez
La responsabilidad fundamental del Estado es proteger a los gobernados e impartir justicia. En el mítico contrato social que da origen al Estado, el ciudadano acepta renunciar a algunas libertades y reconocerle al Estado un monopolio del uso de la fuerza a cambio de que éste lo proteja a él y a su familia de agresiones y robos.
En México, sin embargo, tenemos un Gobierno que trata de cumplir un sinnúmero de funciones que pueden desempeñar perfectamente bien los gobernados, pero falla en su responsabilidad de proteger y dar justicia. Las aterradoras cifras de impunidad, los garrafales errores judiciales y los prolongadísimos tiempos que toma cualquier proceso legal en nuestro país son un recordatorio de que el Estado mexicano ha fallado en su responsabilidad fundamental.
Varias reformas se han hecho en el pasado en nuestro país con el propósito de resolver este fracaso. La más reciente es la que llevó a cabo el presidente Ernesto Zedillo en diciembre de 1944. Ésta le dio una mayor independencia al Poder Judicial y le otorgó una mejor estructura administrativa con la creación de la Judicatura Federal. Pero no ha ayudado en realidad a resolver los problemas de impunidad, errores judiciales o duración de los procesos.
Este pasado 29 de marzo el presidente Vicente Fox dio a conocer una ambiciosa iniciativa que implicaría una transformación profunda del sistema judicial. La propuesta implica la modificación de ocho artículos de la Constitución, la creación de seis nuevas leyes y códigos, y la enmienda o derogación de otras siete. En términos de magnitud, se trata de una reforma de proporciones gigantescas.
Pero también lo es en filosofía. La iniciativa presidencial se inspira en elementos muy característicos del sistema legal anglosajón de justicia. Este simple hecho ha generado un automático rechazo de algunos juristas mexicanos que ven con desprecio lo que consideran como una indebida influencia estadounidense. Sin embargo, ante la magnitud del fracaso del sistema judicial que tenemos en nuestro país, mal haríamos en rechazar sin analizar la iniciativa.
Una de las medidas de esta reforma sería unificar las policías federales en una Secretaría del Interior. La actual separación de policías preventivas, judiciales y de investigación es un obstáculo importante a la eficacia de la lucha contra el crimen. Si bien puede haber agentes especializados, es absurdo restringir las funciones que puedan tener los policías en un momento dado.
Tiene sentido también la propuesta de desaparecer la actual Procuraduría General de Justicia y crear una Fiscalía General autónoma de la cual dependerían los ministerios públicos. Esto no sólo separaría la labor policíaca -que pasaría a la Secretaría del Interior- de la del ministerio público sino que evitaría la cuestionable situación en que la Procuraduría, y por lo tanto el ministerio público, dependen formalmente del Poder Ejecutivo y por lo tanto pueden usarse para presiones políticas.
Un elemento claramente positivo en la iniciativa del presidente Fox es la modificación del artículo 20 de la Constitución para incluir la presunción de inocencia. Actualmente ese artículo le da garantías al acusado, pero no le otorga esa presunción de inocencia que es el cimiento del sistema legal anglosajón. Un punto controvertido en la iniciativa es el reemplazo de nuestros procesos escritos por juicios orales y públicos. Los juicios orales son mucho más expeditos que los escritos. Pero algunos juristas afirman que el juicio escrito tiene mayor precisión y evita que la justicia se decida por la habilidad histriónica de los abogados y los testigos antes que por el apego a las leyes. De lo que no cabe duda es que tener juicios realmente públicos sería un paso indispensable para tener una mejor justicia.
Al reflexionar sobre esta reforma, sin embargo, no podemos olvidar que la enorme mayoría de los delitos, y especialmente aquellos que más agravian a la sociedad —como el robo, el secuestro, la violación y el homicidio— pertenecen al fuero común. Esto significa que, aun cuando se realice una reforma impecable en la justicia federal, la gente no percibirá mejoría. Para que realmente podamos tener un mejor sistema de justicia, sería imprescindible que las reformas se llevaran a cabo en las legislaciones de todas las entidades de la federación.
Derecho internacional
El rechazo de los estados de Texas y Oklahoma a aceptar el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los derechos consulares de los mexicanos condenados a muerte abre una caja de Pandora. No puede haber un verdadero derecho internacional si los países que firman convenios no los aplican en su territorio.
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