Cuestionan algunas voces la determinación del Congreso Estatal
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÒN, Coah.- El “graffiti”, manifestación urbana más arraigada en los adolescentes, fue tipificado como delito en el Código Penal, a petición de la Iniciativa Privada. Ahora los “artistas” reincidentes no gozarán de la libertad bajo fianza y podrán ser inquilinos de los centros de reclusión.
La medida busca endurecer la postura contra los “graffiteros”, que provocan daños patrimoniales a terceros, con el cobijo de la noche, desafiando a la policía, con el fin de enviar un mensaje, plasmar una idea o simplemente estampar un sello personal.
De enero a mayo del presente año, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) ha detenido a 137 personas por su presunta responsabilidad en el delito de “graffiti”. El promedio mensual es de 37.4 capturas, de las cuales, el 39.4 por ciento tiene 14 y 15 años de edad.
Miguel Felipe Mery Ayup, diputado local, impulsor de la reforma, define el contexto del “Graffito” como un problema difícil de entender y que se ve en algunas ciudades del Estado: “Se han hecho programas y acciones que no han sido suficientes para eliminar el problema social que tenemos con los jóvenes. Nace por la osadía, la necesidad de expresarse, la competencia entre pandillas, burlar a la autoridad, a la Policía Municipal”.
“El ‘graffitero’ está estigmatizado, como sinónimo de vándalo, vago, delincuente, del que no tiene otra cosa qué hacer. Muchos de ellos están en escuelas secundarias, preparatorias, algunos en profesional y el estigma no los considera como estudiantes o con una actividad laboral, que tienen un gusto por el arte, la plástica, la imaginación, el trazo, el color”, opina Alfredo Morales Pérez, sociólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).
Alfredo Miranda Castillo, presidente del Colegio de Abogados de La Laguna, Asociación Civil, (CALAC), difiere del trabajo de los legisladores. “La creación de nuevos delitos o el aumento de penas, en ninguna manera, por nuestra experiencia, han resuelto un problema social. No es castigando como se resuelven los problemas de delincuencia en nuestra ciudad, sino educando”.
Por su parte, David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), señala que la cárcel, no es la alternativa ideal para desalentar el delito: “No se trata de llenar las cárceles, debe existir otro tipo de sanciones que complementen el castigo del infractor”.
¿Nuevos?
Miranda Castillo critica el origen de la tipificación del delito y expone: “La Ley, necesariamente, debe ser reformada y adicionada a la ya existente. Crear nuevas leyes cuando no existan algunas que sean aplicables”.
El comentario del presidente del CALAC se base en que el “graffiti” está previsto en el daño en propiedad ajena, puntualizando que si crean nuevas figuras delictivas, deberán estar fundadas y motivadas con bases nuevas y con efectos distintos a los ya existentes.
Más que la creación de nuevos delitos, el abogado apuesta a resolver la problemática de fondo. “Queremos ver, además de delitos y sanciones, nuevos proyectos de legislación que promuevan la inversión, el empleo y el factor educacional que es la herramienta necesaria para abatir la delincuencia”.
El diputado, Miguel Mery, justifica: “Se está atendiendo un problema social. Es el clamor de la gente, que se formaliza a través de un oficio de la Cámara de Comercio, nos entregan ese oficio en el Congreso del Estado y haciendo un análisis legislativo, pedimos opinión al Poder Judicial del Estado, algunas cámaras, los mismos legisladores hicimos un análisis para estas propuestas para reformar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales”.
La citada ruta permitió al final tipificar lo que es el delito del “Graffito”, se llegó a un decreto, a un dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mismo que se hizo público el pasado martes primero de junio.
Alfredo Morales, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, comenta que la respuesta al aumentar las penas y ser más severas, atiende a un reclamo de la Iniciativa Privada. “Pero no atiende un reclamo del joven, quien va a ser sancionado, y una vez que reciba el castigo, va seguir con una crisis de respuestas a su grupo, a su sector, a sus gustos de expresión”.
El académico de la UA de C opina que sólo se va a responder a un reclamo del adulto, que se deben buscar respuestas más integrales que satisfagan a todos los sectores, donde los jóvenes también reclaman espacios culturales, deportivos, artísticos. “No todos están en la casa de la cultura, en el teatro o sitios especializados, lejos de su solvencia económica y lejos de sus hogares”.
Autoridad firme
Para Miguel Mery, no es alarmante la forma en que se elevan las penas, en defensa del derecho de la propiedad particular y pública. “Cero que la sociedad requiere de autoridades firmes, que tengan una Ley específica para cada tipo de delito. No estamos agravando la penalidad en términos radicales, estamos previendo la reincidencia”.
Desde el punto de vista del legislador, se está advirtiendo a los jóvenes, que deben respetar el derecho de los demás, para que sea respetado su derecho a la libertad. Las modificaciones a los artículos que hablan del “graffiti” perfectamente tipificado.
Las cifras recabadas por la DSPM indican que después de los menores de 14 y 15 años, el rango de los 16 y 17 años equivale al 31.3 por ciento del total de detenidos, es decir, más del 70 por ciento de los infractores se encuentra en la etapa de la niñez a la adolescencia y la entrada a la juventud.
“Estamos buscando, aparejado a esto, programas y acciones que implementen en la Secretaría de Educación Pública, a través de la secundaria y que se pueda comentar a los jóvenes, que no hagan este tipo de daño a la gente, que es en el perjuicio del derecho ajeno”.
Sobre la justificación de la firmeza de las autoridades, Miranda Castillo señala: “La sociedad es evolutiva, el progreso y la dinámica de un pueblo, necesariamente tienen que estar adecuados a la legislación que los rige. Entonces concluimos que las modificaciones sí son necesarias”.
El presidente del CALAC agrega que las modificaciones a las leyes requieren de conocimientos técnico-jurídicos, para que estén bien redactadas, concuerden con el conjunto de leyes y además sean aplicadas.
Mery Ayup explica que a los reincidentes, con la pena que les puede imponer el Juez Penal, el Ministerio Público pierde la facultad de otorgar el beneficio de la libertad bajo fianza, “En este sentido, hay que invitar a los jóvenes, a través de programas que puedan hacer en el municipio, de cultura del deporte y se integren en otro tipo de actividades y que la manifestación de sus inquietudes, se dé a través de cauces positivos, donde no se dañe el derecho de terceros”.
El catedrático, Morales Pérez, expone: “La misma Iniciativa Privada, los Ayuntamientos, deberían voltear los ojos a los programas que no tienen y que deberían ir dirigidos a estos sectores de jóvenes para prevenir, canalizar y aprovechar las vocaciones, habilidades y los gustos por la creación, imaginaria, diseño”.
Costo social
Alfredo Morales define al “graffiti” como una expresión cultural que busca siempre espacios y si no hay quién los ceda, los jóvenes los conquistan, los toman con o sin permiso, situación que permite clasificar la actividad como clandestina, oficial, o institucional.
Pero el fenómeno es una manifestación socio-cultural que pertenece más a un sector de la población de clase baja media y tiene un complejo de respuesta que gira alrededor de la pregunta, ¿Por qué? ¿Por qué dañan propiedades o monumentos históricos?
“El costo social va a mantener el fenómeno del ‘graffiti’, porque no es una respuesta que se dé al joven o al grupo de jóvenes, se le da una respuesta a un sector de la población, pero la respuesta debe ir dirigida a todos los sectores de la población”, señala Morales Pérez.
Sobre la sanción prevista, Miranda Castillo enfatiza que el Estado tiene que ver por la rehabilitación real del presunto responsable. “Lo que ha sucedido es que al reincidente no se le ha permitido obtener su libertad caucional y entra en una escuela del delito, que son los Ceresos”.
El sociólogo de la UA de C advierte que la reforma puede alterar dinámicas sociales, familiares, institucionales, en todos los sentidos. “No alcanzo a imaginar a un estudiante de preparatoria o de secundaria, que sea castigado, recluido y a partir de ahí se le estigmatice y se le impida luego estar en la escuela, no goce de otros privilegios por ser sancionado”.
El diputado integrante de la 56 Legislatura dice que hay que hacer un llamado a los jóvenes, para informales que en el Congreso del Estado se hizo una reforma. “Esto no es un juego, que tienen que respetar el derecho de los demás, que tienen muchas maneras de manifestarse; que finalmente queremos ver una ciudad limpia del ‘graffiti’, que los jóvenes encuentren espacios de expresión en otros lugares”.
Al respecto, Sifuentes Bocardo sostiene que con las acciones en el Congreso local hay más delitos pero no más espacios. “La gente piensa que todo el delito es la cárcel, el delincuente piensa que lo castigan igual si se roba diez pesos que si se roba 100, así puede suceder con el ‘graffiti’, sino se aplican programas de integración”.
El integrante de la Comisión de Derechos Humanos señala que la dureza de la Ley puede acabar por saturar la Residencia Juvenil, al considerar que un alto porcentaje de los infractores son menores de 16 años.
“Que los jóvenes hagan conciencia, se van a dar casos de reincidencia, el Ministerio Público no va poder liberarlos bajo fianza. No es un juego burlar a la autoridad, dañar el patrimonio de una persona que pinta una vez y le vuelven a pintar”, sostiene Mery Ayup.
Atención extrajudicial
Además de los oficios emitidos a la SEP, el diputado, Miguel Mery, afirma que los presidentes municipales tienen el contacto directo, a través de las policías municipales, para que ayuden ubicando a las colonias de mayor problema, detectando los sectores con mayor incidencia e implementado programas de acción en beneficio de los jóvenes. “La Ley por sí misma, imponiendo castigos, no va funcionar, necesita ir aparejada a programas de acción social”.
Para Miranda Castillo, finalmente no es malo que se niegue la libertad caucional porque al reincidente, no le importa el bienestar social. “Pero debe ir acompañado por una rehabilitación efectiva, por una reeducación”.
Morales Pérez da una visión general y señala que la misma sociedad, en los ámbitos inmediatos y mediatos, no ha sido capaz, como administraciones, ayuntamientos o la sociedad en sí, de buscar el equilibrio entre lo que la juventud necesita y el adulto está ofreciendo.
“El adulto no ha sido capaz de ofrecer espacios laborales, ocupaciones, empleo, para que el joven pueda cultivarse, desarrollarse, cultural y educativamente. No hemos sabido encontrar ese tipo de respuestas que al final forman parte de causas profundas y soluciones no atendidas”, concluye el sociólogo.
Adolescentes y estudiantes
En el Consejo Unitario de Menores (CUM), se tiene el registro de 26 menores de 16 años, detenidos y presentados por la Policía Preventiva, acusados de hacer “graffitis”, en lo que va del año. Todos los niños y adolescentes, son estudiantes de secundaria y preparatoria, de colonias de clase baja y media.
“También hay unos que vienen en carrito del año”, señala Gabriela Estavillo Flores, presidenta del CUM, para ejemplificar la diversidad de los infractores que gustan de cometer daños en propiedad ajena, por diferentes motivos.
“Debemos atenderlos, saber qué pasa por su mente, por qué lo hacen. La prioridad no es la pared que esté sucia, sino en qué les podemos ayudar”, advierte la funcionaria estatal.
Sobre la situación actual del “graffiti”, Estavillo Flores dice: “Creo que es un problema que ha crecido, todos los que estamos en esta área (atención a menores) sabemos que agravar las penas no es la solución por sí sola. La solución está en la prevención, la orientación, atención y protección”.
Para la presidenta del CUM, que hace las funciones similares a un juez penal, la actual iniciativa aprobada por los legisladores es positiva. “Es un avance que se encuentre tipificado el “graffiti” para no estar ante la situación de cuando no hay un tercero que presente su querella, sin ese requisito la ciudad se ve invadida”.
Con la legislación actual, en casi todos los estudios psicosociales que se aplican a los infractores y como no era grave la situación, se les aplican las medidas más leves como apercibimientos.
“La reincidencia es baja. La mayoría de familia integrada, pero no son los que presentan problemas de fondo”, explica Gabriela Estavillo y de paso revoca el estigma del “graffitero” como sinónimo de delincuente.
Respecto a la negativa de la libertad bajo fianza al reincidente, señala: “Es muy adecuada, pueden algunos brincar, decir que es dura o estricta, pero es la única manera. Se les da una oportunidad en primera instancia y como autoridad, un reincidente es un foco rojo, ya tuve a esta persona y el tratamiento no fue suficiente”.
En su apreciación personal, además de la modificación a la Ley, Gabriela Estavillo sugiere la creación de un comité especialista en “graffiteros”. “Que se haga trabajo de campo, no es suficiente tenerlos bajo internamiento, el problema es más de fondo”.
TIPIFICACIÓN
A partir del mes de julio, un día después de la publicación en el Periódico Oficial, el delito del “Graffito”, queda contenido en el artículo 438 bis y dice:
Se aplicará prisión de un mes a tres años y multa, a quien por cualquier medio, sin importar el material o instrumento y sin consentimiento de quien pueda darlo conforme a la Ley, pinte, raye, grave, tiña o imprima palabras, dibujos, símbolos, manchones a un bien mueble o inmueble.
Se aplicará prisión de un mes a seis años y multa a quien realice cualquiera de las conductas que citamos anteriormente en bienes del dominio público y privado que hallan sido declarados por las autoridades competentes, como parte del acervo cultural del Estado o cualquier municipio.
SIN FIANZA
También se hizo una reforma al artículo 216 del Código de Procedimientos
Penales, en el mismo sentido del “graffiti”, donde dice sobre la libertad caucional del retenido inciso “C”:
- Será improcedente tal beneficio ante el Ministerio Público, cuando se trate del delito de “Graffito” previsto por el artículo 438 bis del Código Penal, siempre y cuando se trate de reincidencia.
FUENTE: Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
“JUEGO DE NIÑOS”
Los afectos al “graffiti” son en su mayoría niños y adolescentes, que conforme
crecen, abandonan poco a poco la práctica.
Edad /Detenido /Porcentaje
11 años /2 / 1.46
12 años /3 / 2.19
13 años /11 / 8.02
14 años /25 /18.24
15 años /29 /21.16
16 años /28 /20.43
17 años /15 /10.95
18 años /6 / 4.38
19 años /4 / 2.92
20 años /6 / 4.38
21 años /2 / 1.46
24 años /2 / 1.46
26 años /1 0.73
29 años /1 / 0.73
34 años /2 / 1.46
Total /137
FUENTE: DSPM
MUCHOS
Del total de aprehensiones de la Policía Preventiva en 2004, el 51 por ciento son niños y adolescentes de 16 años y sólo el 37.14 por ciento son enviados ante el Consejo Unitario de Menores.
Mes /Detenidos
Enero /33
Febrero /35
Marzo /25
Abril /10
Mayo /34
Total /137
FUENTE: DSPM
MENORES
En el presente año y hasta el cuatro de junio, la Unidad de Prevención y Tratamiento de Menores, ha atendido a los siguientes infractores por “graffiti”:
Edad -Retenidos
12 años -3
13 años -1
14 años -7
15 años -12
16 años -3
Total -26
FUENTE: Consejo Unitario de Menores
CON ESTUDIOS
Todos los menores infractores detenidos por la Policía Preventiva y presentados a la autoridad correspondiente, acuden a la escuela.
Escolaridad
Primaria /5
Primero de secundaria/ 3
Segundo de secundaria/ 4
Tercero de secundaria/ 7
Primero de preparatoria/ 6
Segundo de preparatoria/ 1
Total/ 26
FUENTE: DSPM
