El ex presidente Clinton felicitó al ex presidente Ernesto Zedillo. Simultáneamente, el órgano fiscalizador del Congreso precisó el monto del impacto económico que sobre las finanzas públicas ha tenido el rescate bancario: poco más de un billón de pesos, dos tercios del presupuesto federal para este año. Y como Zedillo es el autor de ese descomunal abuso contra los mexicanos, muchos de ellos no comparten la opinión del antiguo huésped de la Casa Blanca.
La fuente del dato es la Auditoría Superior de la Federación, antes llamada Contaduría Mayor de Hacienda. Es la oficina investigadora mediante la cual la Cámara de Diputados realiza sus funciones de vigilancia del gasto público. No es una cifra deformada por la pasión política, por el sesgo partidario. Es, lisa y llanamente, una cuenta oficial, presentada no por un funcionario irresponsable, de bajo nivel, deseoso de hacerse notar. La cifra fue ofrecida el miércoles pasado, a dos comisiones legislativas, por el contador Arturo González de Aragón, elegido por el pleno de la Cámara de Diputados, hace tres años. Es un hombre del sistema: fue secretario de Planeación del Gobierno capitalino, con Ramón Aguirre, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid. Y después prestó servicios profesionales a la Presidencia.
Un billón de pesos en diez años: la inasible e inimaginable cifra se torna asimilable si se la mide en términos anuales. Los pagarés en poder de los bancos que vencen en este 2004 importan más de 144 mil millones de pesos, que el erario deberá sufragar íntegros. Eso, si los procedimientos judiciales, incluida una acción presidencial, que buscan favorecerlos impiden los descuentos que la ASF juzga necesarios. Ese órgano fiscalizador ha estimado que antes de cubrirse tales pagarés a los bancos (que por lo pronto obtienen intereses por ellos) deben descontarse sumas que a valor actual ascienden a 113 mil millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación presentó esos datos en un reporte sobre “avances en la revisión de la cuenta pública 2001”. No se equivocó usted al leer: uno de los defectos graves del sistema de rendición de cuentas en nuestra joven democracia es su demora. Si bien nos va, sólo en el próximo período de sesiones (15 de marzo-30 de abril) se aprobará el dictamen sobre el gasto ejercido en 2001. Y al menos en esta misma materia, todavía está pendiente de examen la erogación correspondiente al último año del presidente Zedillo.
A la lentitud con que procede la Auditoría Superior de la Federación se puede añadir un nuevo lastre, la insuficiencia de sus recursos. El auditor González de Aragón deploró el reducido presupuesto aprobado por la Cámara, en diciembre pasado. Si bien se le concedió un 4.4 por ciento de incremento, se trata de un aumento nominal, apenas suficiente para enfrentar la inflación. Y si bien es cierto que “el buen músico con una cuerda toca”, la falta de recursos materiales inhibe el desarrollo de las tareas de vigilancia.
Éstas son necesarias para evitar la práctica no extirpada de regalar dinero ajeno, el de los contribuyentes. El rescate bancario es la operación de mayor envergadura en esa materia y sin embargo, sus autores y beneficiarios han conseguido una victoria cultural. Por su efecto, el asunto importa a cada vez menos personas y quienes lo enarbolan aparecen como estorbos para el adecuado fluir de los negocios. Los mismos que demandan certidumbre jurídica para invertir y operar se irritan cuando se trata de aplicar el derecho a fin de resarcir a los contribuyentes del daño que se les ha inferido.
El rescate bancario no tiene paralelo. Pero no es singular. De muchas maneras, por acción u y omisión se regala dinero público o se deja de percibir el que legítimamente se requiere. También se ha extendido la lenidad social sobre el acuerdo entre Pemex y el sindicato petrolero para la restitución de los cientos de millones de dólares que fueron entregados a los dirigentes gremiales en 2000. Aun si se hubiera pactado la devolución en los mismos términos en que fueron hechas las entregas (dos o tres en un año), se habría dado a ganar a los beneficiarios los réditos de una cantidad descomunal. Pero ante la complacencia de la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular Eduardo Romero es el comisario en Pemex, se convino el pago en cómodas, y muchas anualidades. Y como señal de que todo entendimiento enojoso ha quedado atrás, también con la aquiescencia de quien debe vigilar el uso del dinero público se hizo un nuevo préstamo al sindicato (esa fue la apariencia inicial de las entregas de hace cuatro años). Es verdad que la cifra aprobada en diciembre pasado es corta si se le compara con los mil cien millones de entonces. Se trata de sólo 44 millones de pesos. Lo que sorprende al conocer la información publicada en Proceso (18 de enero) es que se actúe como si nada hubiera ocurrido, en franca nueva connivencia.
Por su parte, Nacional Financiera extendió el perdón judicial a David Peñalosa, a quien había acusado por fraude. El presidente de Tribasa, una constructora que prosperó en el salinismo (y construyó la autopista México-Toluca, donde se cobra la tarifa más alta del mundo). Es verdad que Peñalosa concluyó con éxito una ardua batalla por la reestructuración de sus deudas (según informó el jueves Alberto Barranco Chavarría en su columna) y quizá en ese marco se produjo el perdón. Pero Nafin no podrá recuperar, por eso, 200 millones de dólares.
Se regala dinero ajeno.
