Con el despido del comisionado de la Policía Federal Preventiva, José Luis Figueroa (que sólo permaneció dos meses en su cargo), el presidente Fox ordenó la reestructuración de ese cuerpo, que nació contrahecho hace menos de seis años.
Sus actuales deficiencias técnicas, los choques de grupos dentro de la corporación y la falta de un espíritu de cuerpo contaron para impedir que la PFP prestara a sus miembros, linchados por una turba feroz, el auxilio que les debía.
Creada por Ley el cuatro de enero de 1999, la PFP nació con malformaciones. Su primer comisionado, Omar Fayad, incumplía los requisitos para el cargo, pues no contaba “con experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la seguridad pública”, pues sólo había sido durante dos años procurador de justicia de Hidalgo (con el gobernador Jesús Murillo Karam, a quien como subsecretario de Gobernación se le hizo fácil habilitar a su colaborador para una tarea desmesurada).
Pronto, además, se reculó en el intento de desplazar al Ejército de labores policíacas: acaso para equilibrar el peso que en la nueva PFP tenía la Policía Federal de Caminos, se incrustó en la corporación naciente a las militares Fuerzas federales de apoyo. Hoy, unos y otros elementos (seis mil en cada caso) forman la casi totalidad de los miembros de la PFP, que suman casi 14 mil 500. Fayad permaneció sólo unos meses al frente de la Policía y lo reemplazó el vicealmirante Wilfrido Robledo, que representó el ingreso y ascenso de los marinos y el personal procedente del Cisen: una corporación cuya principal actividad debía ser la acción directa, quedaba al mando de un experto en inteligencia.
Según expedientes formales, Robledo no era en cambio experto en administración, o lo era en comportamientos dolosos. Al menos por ellos lo denunció quien fue su jefe por sólo breves días, Alejandro Gertz Manero. El Gobierno del presidente Fox creó la Secretaría de Seguridad Pública (con áreas tomadas de Gobernación) y bajo el mando de su titular quedó la PFP. Lo que vio Gertz cuando se asomó a esa Policía, no le gustó y entre otras providencias adoptó dos principales: despedir a Robledo y otros funcionarios y hacerlos procesar por uso indebido de atribuciones (en la adquisición de vehículos aéreos) y dejar acéfala la Policía, encargándose directamente de su mando. Así ocurrió durante tres años y medio, hasta que lo atacó súbitamente la gana de jubilarse y dejó la secretaría en agosto pasado.
Ramón Martín Huerta, que reclutó a Fox para el PAN hace exactos 17 años, fue designado sucesor de Gertz. Había sido secretario de Gobierno y gobernador interino de Guanajuato, designaciones que revelaron la máxima confianza que Fox le dispensa, igual motivo por el cual lo hizo subsecretario de Gobierno en Bucareli, para reforzar a su favorito Santiago Creel. En agosto lo encargó de una de sus varias zonas muy deficitarias, la de la Seguridad Pública, para responder a los reclamos de una parte de la sociedad expresados el 28 de junio anterior.
A diferencia de su antecesor, Martín resolvió nombrar un comisionado y sin supersticiones volvió los ojos al mismo origen de Robledo. El siete de octubre fue designado el ahora depuesto Figueroa, a quien se nombró junto a otros mandos, navales y militares, aquéllos con primacía sobre éstos. Figueroa había sido en el sexenio pasado director del Centro de Planeación para el Control de Drogas, (Cendro), en la Procuraduría General de la República y en el Cisen subdirector de seguridad. En esta administración volvió al Estado Mayor Presidencial, donde se responsabilizó de los transportes aéreos y luego fue jefe de ayudantes.
Tan pronto se hizo cargo de la PFP estudió el retorno de las fuerzas militares a la Secretaría de la Defensa Nacional, que cubre los haberes de esas tropas y mandos. Cuando entraron por la puerta de atrás (infringiendo los procedimientos de ingreso establecidos en la Ley) los militares cumplirían una tarea provisional, durante el tiempo suficiente para que la PFP creara sus cuadros propios. Pero menos de dos mil miembros de esa Policía han sido formados en su instituto y en cambio ha aumentado la presencia castrense, que dejó de ser temporal para ser estructural.
Cuando el 23 de noviembre miembros de la PFP tuvieron conocimiento de que tres de sus compañeros estaban siendo linchados en Tláhuac, demandaron de sus superiores autorización para ir a su rescate. Cerca de la Alameda Sur, 150 integrantes de las Fuerzas federales preventivas, cuyo director era el almirante Arturo Muñoz Villafaña estaban listos para salir en cincuenta motocicletas y diez camiones.
Demasiado tarde llegó la autorización y por eso dos días después de la matanza se reunieron para protestar.
No sólo pidieron justicia para sus compañeros sacrificados, sino que mostraron inconformidades diversas. Un grito uniformaba todas las peticiones: ¡fuera marinos de la PFP!
Esa consigna quedó parcialmente cumplida anteayer, con el cese de Figueroa y de otros mandos. La Secretaría de Seguridad Pública encontró en estos últimos (algunos de los cuales habían dejado sus cargos días atrás) infracciones que se hicieron saber a la Secretaría de la Función Pública.
Eso no obstante, la oficina de Martín insistió en afirmar que “la falta de intervención oportuna de la Policía del Distrito Federal” no sólo provocó “el retraso de la participación de la PFP en el rescate de los policías involucrados”, sino que fue “el factor que mayor incidencia tuvo” en aquellos hechos.
