EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- La Ley no se puede negociar. El operativo “suspendido” la tarde del pasado viernes 23 de enero, ya está en marcha; los resultados fueron inmediatos: 23 taxis “piratas” decomisados en la jornada. “No habrá más placas, en Gómez Palacio, el servicio público está excedido”, dice Ramón Guzmán Benavente, director general de Transporte en el Estado.
“El diálogo se antepondrá al uso de la fuerza pública”, asegura Eulalio Aldama Enríquez, jefe de la Policía Ministerial en el Estado. Por lo pronto, los equipos antimotines ya están listos y a la mano para cualquier eventualidad, algunos ya andan en circulación.
En una obligada rueda de prensa en la sala de juntas de la Subprocuraduría de Justicia, luego de las negativas y evasiones de Guzmán Benavente, el mismo funcionario define la postura del Gobierno del Estado: “Los operativos van a continuar, no se puede negociar con la Ley, no se puede transigir con respecto de ella, el Gobierno tiene la obligación de cumplir y en ese tenor se va a seguir actuando”.
Para dar una muestra clara del interés de la autoridad por afrontar el problema, el director de Transporte puntualiza. “No habrá más otorgamientos de placas, no existe la posibilidad técnica de crear más juegos de láminas, porque las que existen (en Gómez Palacio) son más que suficientes”.
Según la información recabada por la oficina estatal, en Gómez Palacio, el servicio público de pasajeros está excedido en tres o cuatro veces más de lo que requiere la ciudad con relación al número de habitantes. El promedio ideal es de mil concesiones.
Preocupado por brindar una respuesta clara y contundente, Ramón Guzmán asegura que para fortalecer la Subdirección local de Transporte, se contempla adquirir más parque vehicular, además de contratar nuevos inspectores, para fortalecer las actividades. “La intención se cumplirá en la medida de lo posible y el presupuesto. En los próximos días será la contratación, vamos a buscar perfiles adecuados”.
Seguridad de la ciudadanía
Como parte de los objetivos del operativo contra los taxis “piratas”, Ramón Guzmán señala que las acciones obedecen a una respuesta a la ciudadanía y los propios transportistas legalmente constituidos y que sí pagan sus impuestos.
Eulalio Aldama subraya: “Es indudable que los vehículos ‘piratas’, por las circunstancias en que están trabajando, generan un problema de inseguridad, por no estar debidamente identificados y constituyen un riesgo, hay un clamor ciudadano para sacarlos de circulación”.
Respecto a la postura del Ayuntamiento de Gómez Palacio, de mantenerse al margen del conflicto, el titular de Transporte dice que las acciones que le competen al Gobierno del Estado, las tiene que resolver la misma autoridad. “Entendemos que el Ayuntamiento es una entidad autónoma, somos muy respetuosos y en todo caso, sería la propia autoridad local, la que determinará si brinda su apoyo”.
Cuestionado sobre la suspensión real del operativo durante más de tres días, Guzmán Benavente explica que no existió tal suspensión: “No se trabajó el sábado, domingo y lunes, porque hay que aclarar, que el operativo no tiene un programa determinado, puede ser a cualquier hora. No se va a suspender... es permanente”.
