Todo ciudadano tiene derecho a manifestarse ante las autoridades gubernamentales. Pero de acuerdo a lo establecido por el artículo noveno constitucional, ningún grupo puede ejercitar ese derecho haciendo uso de la violencia o de amenazas para intimidar a la autoridad y obligarla para que resuelva en el sentido que los peticionarios deseen, pues en ese caso puede hacerse uso de la fuerza pública para preservar el principio de autoridad.
Mencionamos lo anterior por los acontecimientos que se suscitaron este fin de semana en que un grupo de aproximadamente mil ex braceros allanaron la finca de la señora Mercedes Quesada, madre del presidente Vicente Fox, con la finalidad de exigir por esa vía la devolución del diez por ciento que les fue descontado del salario, el cual supuestamente fue enviado a México, cuando aquéllos trabajaron en los Estados Unidos.
La manifestación llevaba evidentemente el deseo de presionar e intimidar al Presidente, en virtud de que el rancho de éste está situado a escasos tres kilómetros del de su madre, por lo que bien pudieron dirigirse a esta propiedad y no a la de la señora Mercedes; pero desde luego el efecto no hubiera sido el mismo, prueba de ello es que la señora sufrió un desmayo al sentirse acosada por los manifestantes.
El respeto a la intimidad y la prudencia deben imperar en todo tipo de manifestaciones cuando éstas se realizan con apego a la legalidad. Sin embargo, todo indica que ese tipo de grupos se sienten autorizados a violar la ley y la intimidad de las personas en razón de que la Presidencia de la República ha confundido, para su desgracia, la prudencia con la falta de autoridad y por ello suceden actos como los comentados, que si bien son censurables resultan explicables a la luz de la forma operativa en que se conduce el actual régimen.
