13 de enero de 2004.
ROMA, (Reuters).- La Corte Constitucional italiana revocó el martes, calificándola como ilegal, una reciente ley que otorgaba inmunidad ante la justicia al primer ministro, Silvio Berlusconi, dijo un comunicado de la corte.
La decisión es un duro golpe para Berlusconi y significa que un juicio por corrupción en Milán, donde está acusado de soborno, que se había interrumpido en junio luego que el Parlamento aprobó la ley de inmunidad, podrá reanudarse.
La corte dictaminó que la ley era contraria a los principios de la Constitución de Italia que dice que todos son iguales ante la ley.
La controvertida ley otorgaba a los cinco funcionarios más importantes del país --entre ellos el presidente y el primer ministro-- inmunidad para evitar que sean investigados o juzgados mientras estuvieran en el cargo.
Los críticos acusaron al gobierno de redactar y aprobar la ley para evitar un potencial daño político durante el periodo en que Italia ocupó la presidencia rotativa de la Unión Europea, tiempo que terminó en diciembre.
Los aliados de Berlusconi aseguran que el primer ministro enfrenta una cacería de brujas liderada por magistrados que tienen motivos políticos y dicen que la ley de inmunidad era similar a legislaciones de otros países de la UE.
A pesar de que el juicio de Berlusconi se detuvo en junio, los juicios de los otros acusados siguieron su marcha.
El caso culminó en noviembre cuando los jueces rechazaron la principal acusación de que una de las compañías de Berlusconi había sobornado a algunos magistrados para obtener un dictamen favorable en la década de 1980, en la compra de otras empresas.
Sin embargo, los jueces dictaminaron que uno de los ex abogados de Berlusconi, Cesare Previti, había entregado dinero a un poderoso magistrado de Roma para que éste mantuviera una actitud amistosa hacia la empresa. Previti fue sentenciado a cinco años de cárcel. Los abogados de Previti están apelando el veredicto. No se aclaró de inmediato cuándo se reiniciará el juicio de Berlusconi.
Los magistrados que iniciaron el juicio, que duró más de tres años, ya no están en el caso lo que significa que las autoridades deben nombrar nuevos jueces antes de reiniciar las audiencias.
