¿Y la toma de la tribuna en cuál etapa del proceso legislativo va? Con esta irónica pregunta, uno de mis alumnos de Introducción al Estudio del Derecho, irrumpió en la exposición de la clase. Analizábamos el tema relativo a las fuentes formales del orden jurídico y nos referíamos en ese momento a las etapas del proceso legislativo que va desde la iniciativa o proyecto hasta la vigencia que comienza con la publicación de la Ley aprobada por las Cámaras del Congreso y promulgadas por el
Ejecutivo.
Naturalmente que había una fuerte dosis de ironía, de suspicacia y hasta de humorismo en el cuestionamiento del participante académico, porque él como seguramente todos los que acuden a las escuelas y facultades de Derecho a obtener los conocimientos que les permitan acceder en su momento a la licenciatura, observan con preocupación y escepticismo lo que ocurre en la realidad.
La sociedad mexicana se entera por la amplia difusión que le dieron los medios informativos, que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el proceso legislativo que estaba ventilándose, teniendo agendado en el trámite parlamentario la lectura del dictamen que propone reformar al artículo 122 de nuestra Ley Fundamental para que el Gobierno del Distrito Federal asuma la carga económica de su responsabilidad educativa, fue suspendido violentamente porque durante dos días consecutivos, diputados de la Asamblea Legislativa capitalina y diputados federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, asaltaron prácticamente la Cámara, invadiendo el espacio de su Mesa Directiva y posesionándose de la tribuna, actitudes francamente desestabilizadoras que hicieron imposible continuar con el trámite legislativo y obligando al presidente de la Cámara a suspender los trabajos mediante la declaratoria de receso.
Estos hechos escandalosos, vergonzantes y condenables que alarmaron al público en general por el riesgo y la peligrosidad que encierran, pues ponen al borde del abismo el Estado de Derecho que tanto presumimos tenemos en México, adquieren mayor impacto y animadversión entre quienes aspiran válidamente a la Licenciatura de Derecho. No queremos referirnos aquí, porque no es el propósito, a la procedencia o justificación de reformar el 122 constitucional ni señalar tampoco si era o no el momento adecuado de su presentación. Lo verdaderamente preocupante y que debe llamar la atención de todos, es que se haya violentado el normal funcionamiento de un órgano del Estado interrumpiendo por la fuerza el desarrollo de una de las instituciones jurídicas de mayor valía como es el proceso de creación y formación de la Ley. Y peor todavía, que detrás de estos hechos esté la mano de la misma autoridad.
Quienes ejercemos por vocación la docencia en instituciones educativas de nivel superior, tenemos el compromiso social y moral de exponer a los alumnos el deber ser, contribuir desde nuestro ámbito a su formación y dotarlos de los instrumentos y herramientas que los hagan ciudadanos de bien.
¿Cómo argumentar, entonces, justificadamente que el hecho supera al derecho, que la fuerza se impone a la razón, que se puede de manera relativamente fácil trastocar el orden jurídico?
Y sobre todo, ¿que la conducta de quienes incurren y promueven esos hechos quede impune?
Motivo de preocupación y alarma debe ser el escenario jurídico-político que hoy vivimos. Difícil situación en la que coloca a quienes modestamente impartimos materias jurídicas y exponemos resueltamente el respeto a la norma.
Quienes se oponen a que se modifique el contenido del artículo 122 por considerar que atenta contra los intereses de los habitantes del Distrito Federal, disponen de medios e instrumentos que la propia Constitución otorga para hacer valer sus argumentos, como es la controversia constitucional. ¿Por qué acudir a la fuerza, a la violencia, para tratar de imponer su punto de vista?
Sostenemos que el compromiso de todos los mexicanos es hacer que prevalezca el respeto a nuestras instituciones jurídicas. Defendamos por todos los medios el imperio de la Ley. Sólo así será posible acabar con corruptelas, abusos y manipulaciones. De lo contrario vendrá el imperio del más fuerte. Volveremos a la Ley del Revólver. Y eso nadie lo quiere, porque a nadie conviene. r_muñozdeleon@yahoo.com.mx
