SUN-AEE
SAN JOSÉ DEL CABO, BCS.- Familiares de Jorge González Torres, ex dirigente y fundador del PVEM, preparan la inauguración del hotel The Grand Baja Resort en este municipio, cuya construcción careció del obligatorio estudio de impacto ambiental y fue objeto de una multa de 20 mil salarios mínimos por provocar un presunto daño a un ecosistema costero, aunque posteriormente se revocó la sanción.
Mario Fernández Alonso -esposo de Carla González Martínez, hija del ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)- es un joven administrador de empresas que dirige toda la construcción y operación del proyecto del hotel The Grand Baja Resort, y que está en una etapa de “soft opening” para probar la calidad de sus servicios, antes de su gran inauguración prevista para dentro de cuatro meses.
Además, Carla González tiene a su nombre una casa en Palmilla, uno de los fraccionamientos más exclusivos de San José del Cabo, con un valor estimado de un millón de dólares, y que fue construida sin un solo permiso del ayuntamiento, no obstante que en reiteradas ocasiones se clausuró la obra.
La hermana del dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, simplemente no acudió al Departamento de Licencias de Construcción del ayuntamiento las veces que fue requerida por los inspectores para poner en regla los papeles de la obra.
En los archivos municipales tampoco se encuentra el reporte de la terminación de la obra, y en consecuencia no se tiene constancia del permiso del ayuntamiento para ser habitada.
En entrevista, González Torres negó tener algún tipo de vínculo económico o de otra índole con el desarrollo hotelero The Grand Baja y dijo desconocer si la casa de Palmilla contó o no con permisos, ya que es propiedad de su hija.
La licencia de construcción del hotel fue expedida el 11 de junio de 2001 por el entonces director general de Asentamientos Humanos y Obras Públicas Municipales de San José del Cabo, Oscar Fuentes Pichardo, quien sólo duró nueve meses en el cargo y luego se empleó con la familia de Mario Fernández y Carla González como el responsable de obra de la residencia de Palmilla, según consta en documentos a los que se tuvo acceso.
Inclusive el hotel The Grand Baja se ubica en el lote cinco del Paseo Malecón, en San José del Cabo, en el centro integralmente planeado de Fonatur, a unos diez minutos del centro de la ciudad y cuenta con playa propia.
Un lugar inmejorable, en opinión de Alberto Coppel, presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, a la cual apenas se afilió el The Grand Baja en febrero, y que le permitirá, entre otros beneficios, colgarse de las estrategias de promoción y del plan de medios que desarrollan conjuntamente con el Consejo de Promoción Turística de México.
The Grand Baja es un proyecto hotelero que pertenece a un fideicomiso integrado por las empresas Aviacorp, Cool Gang y Grupo Merel.
De acuerdo con el acta notarial, el representante legal de Aviacorp es Mario Fernández Raya -consuegro de González Torres- y su hijo, Mario Fernández Alonso, es representante legal de Cool Gang.
Este último es además el director del proyecto, que apenas se encuentra en su primera fase de construcción, ya que planea levantar al menos otros dos edificios en el mismo terreno.
En septiembre de 2001, el entonces delegado de la Profepa, Víctor Martínez de Escobar, impuso una multa de 20 mil salarios mínimos “porque destruyeron un ecosistema costero conformado por una duna y la vegetación, además de que extraían agua del mar sin tener el permiso o concesión de zona federal marítimo terrestre”.
En entrevista, dijo que se clausuró la obra porque no se presentó el estudio de impacto ambiental y por los daños causados, pero también aseguró que el propio yerno de González Torres le advirtió. “No sabes con quién te estás metiendo”.
Al poco tiempo, dijo Martínez de Escobar, le llamó el entonces titular de la Profepa, José Campillo, “para decirme que les echara la mano”.
Agregó que Fernández Alonso argumentó que era incorrecta la sanción porque Fonatur “ya lo había impactado”. Explicó Martínez de Escobar que al preguntar a Fonatur al respecto le dijeron: “Los que quitaron la duna fueron ellos”.
Martínez de Escobar afirmó que ya nunca supo si pagaron la multa o no, ni si presentaron el estudio de impacto ambiental, pues fue destituido de su cargo a principios de mayo de 2002, 18 días después de que presentó una denuncia ante la Secodam en contra del entonces titular de la Semarnat, Víctor Lichtinger, y del procurador Campillo, por presuntos actos de corrupción.
Por instrucciones de su abogado, Mario Fernández Alonso rechazó contestar las llamadas. Ante la insistencia, el representante legal del hotel, Miguel Flores Rojas, habló con quien hiciera esta investigación y aceptó que el proyecto hotelero llegó a estar al principio en una situación anómala, pero aseguró que después se regularizó.
Al ser interrogado sobre la falta del estudio de impacto ambiental del hotel, dijo: “Eso efectivamente sucedió, porque nosotros siempre actuaremos con la verdad. Cuando este desarrollo se inició se obtuvieron los permisos de ecología del municipio y del estado, y Fonatur en algún momento había afirmado que esto era un desarrollo que por su naturaleza estaba ya ‘pre impactado’, así lo dijeron ellos, y por eso no se solicitó”.
Más adelante, aseguró que “hubo una infracción, tal vez inducida, tal vez por error, porque se tenían todos los permisos municipales y estatales, y Fonatur hace desarrollos integrales y ellos recaban permisos y el particular llega y construye, ya está todo listo, dan agua, luz. Y supusimos que ya estaba, no fue cosa de mala fe. Tenemos todos los permisos habidos y por haber, de Fonatur, del municipio, del estado. Esa ha sido la única salvedad, pero no fue de mala fe”.
Flores Rojas rechazó que Mario Fernández Alonso haya retado a la autoridad de la Profepa o incurrido en influyentismo, pero “tampoco es un dejado, se sabe defender, pero no es un majadero”.
De igual forma negó que Fernández Alonso hubiera apelado a su parentesco con González Torres o que amenazara al entonces delegado de Profepa. También aclaró que, fuera de la relación familiar con los dirigentes del PVEM, su representado no tiene ningún vínculo con el partido, ni es militante ni participa en política.
